Dar clases de tortura “es incitar a cometer un delito” y, por lo tanto, los policías que la practican y las autoridades que la permiten son objeto de sanción, indicó la especialista en derecho penal, Emma Mendoza.

Excélsior publicó ayer que agentes del Grupo Especial Táctico de la Policía Municipal de León, Guanajuato se entrenan en técnicas de tortura, como el de ahogamiento, la inmersión en pozos con excremento y ratas.

Este entrenamiento “es una incitación a la comisión del delito de la tortura y un delito en sí mismo porque ya lo están practicando entre compañeros”, explicó Emma Mendoza, de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Además, el delito de la tortura está clasificado internacionalmente y se sanciona en México con una pena de tres a 12 años de prisión, con una multa de 200 a 500 días de salario mínimo y con la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o empleo público.

Mendoza estimó que por la gravedad del delito las “procuradurías (estatal y federal) pueden atraer el caso”, para investigar si las autoridades municipales están involucradas.

La especialista en derecho penal recordó que México firmó la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que compromete al Estado mexicano a erradicar estas prácticas.

Entre tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó las clases de tortura impartidas a policías de la ciudad de León, Guanajuato.

A través de un comunicado, el organismo informó que considera ejercer la atracción del caso, basado en informes que solicitó a la Procuraduría de Derechos Humanos local.

“Esta Comisión Nacional subraya que no es mediante el uso de ninguna técnica delictiva como debe combatirse el crimen organizado ni capacitarse a los integrantes de los cuerpos de seguridad. La tortura está prohibida en el orden jurídico mexicano y es una de las más crueles expresiones de violación a derechos humanos y por ello, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se le considera un delito de imprescriptible y de lesa humanidad”, condenó

Por su parte, el Procurador de Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG), Manuel Vidaurri Aréchiga, exigió a legisladores locales trabajar a favor de una modificación respecto a la penalización de la práctica de tortura, ya que refirió que la ley actual se quedó muy atrasada con relación al panorama que emiten los acuerdos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.

“Nuestro código penal ya recoge el fenómeno de la tortura, pero es necesario que se amplíe, pues actualmente no está acorde a los estándares internacionales, a los derechos humanos del sistema interamericano”, indicó.

Exigió que se revise y documente el fenómeno de la tortura a fin de que se amplíe el concepto y la penalización de acuerdo a la gravedad del tema, “que no sólo cubra actos físicos, sino todas aquellas prácticas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, a través de los cuales se manifieste la tortura”.