Priistas de Jalisco temen que el juicio al gobernador González Márquez se politice y sea exonerado
GUADALAJARA.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, los documentos pormenorizados que clarifiquen las partidas presupuestales de donde se tomaron los 90 millones de pesos del erario público para la construcción del Santuario de los Mártires Cristeros.
Apenas el pasado miércoles se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados instruir al órgano fiscalizador la investigación del caso de la megalimosna.
De acuerdo con el dictamen aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados y avalado por todos los partidos políticos, incluyendo al PAN, la intención es verificar si González Márquez utilizó recursos federales para realizar las donaciones en favor de grupos vinculados con la Iglesia católica.
El diputado federal del PRD, Tonatiuh Bravo, señaló que el argumento central para justificar el punto de acuerdo legislativo para investigar al gobernador de Jalisco, tiene que ver con impedir que el donativo para el Santuario de los Mártires siente un precedente nacional.
El secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, aseguró que están dispuestos a entregar cualquier información que se requiera y que la ASF no tendrá ningún problema, aunque confía en que al final se determinará que no hubo ninguna ilegalidad.
En contraste, en caso de confirmarse que el mandatario desvió recursos públicos federales para el donativo se le denunciará ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De probarse que salió de partidas estatales sin autorización previa, el asunto quedaría en manos del Congreso jalisciense y podría iniciarse un juicio político contra González Márquez.
Mientras tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos continúa con el acopio de quejas en contra del megadonativo, ya suman más de 6 mil 118 inconformidades por otorgar dinero del erario para la construcción del templo. Y alrededor de 150 quejas en contra de la mentada proferida por el gobernador.
“Siguen llegando (quejas) en grupo y de una en una, ayer llegaron en bloque cien por el donativo, siguen al alza sí”, subrayó el director de Atención a Quejas en el organismo defensor de Derechos Humanso, Luis Arturo Jiménez.
El senador priista Ramiro Hernández García rechazó que el interés político haya movido a la Cámara de Diputados a aprobar la investigación contra González Márquez.
“Debe llevarnos a la reflexión (el caso) que para ningún partido el referente debe ser la conducta de los gobernantes, sino el compromiso con los ciudadanos”, externó.
El legislador dijo que existe el temor de que el caso del mandatario jalisciense no llegue lejos.
“Los juicios políticos se han convertido en una vacilada en donde hay elementos que se presentan, pero no concluyen, no trascienden.
“Los asuntos de responsabilidad pública han tenido un desgaste a partir de que terminan imponiéndose las mayorías que de manera incondicional encubren las conductas de los gobernantes, y eso ha creado desánimo y desinterés en la ciudadanía”, señaló.
Consideró que el aprendizaje que debe dejar este caso es que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público tiene vacíos que han permitido violaciones a la laicidad, como sucedió en Jalisco, por lo que debe reformarse para que no quede a interpretaciones particulares, apuntó.
“Nunca habíamos tenido problema de esta naturaleza; por lo regular los gobernantes no confunden sus creencias e intereses personales con los públicos, en este caso se da y es donde aflora el revisar y el precisar qué ajustes habría que hacerle a la ley”, dijo Hernández García.
“A partir de este caso vale la pena que se haga una revisión que elimine cualquier malentendido y clarifique las reglas respecto a la libertad de credo y la responsabilidad de los gobiernos”, agregó.
El legislador advirtió que la modificación a la legislatura en temas religiosos debe “hacerse con pinzas” para no causar retrocesos ni discriminar credos.
En tanto, el líder estatal del PRI, Javier Guízar Macías, reiteró su desconfianza en la imparcialidad de la Secretaría de Gobernación (Segob), por tratarse de un gobernador emanado del PAN.
“Se politizan mucho estos temas y cuando la coyuntura favorece para un tema, lo sacan positivamente; cuando no favorece, lo sacan en otra perspectiva, pero en el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sí hay confianza”, externó el priista.





