El costo de la inseguridad en nuestro país, lo han pagado las víctimas de secuestro. En un periodo de seis años, han tenido que reunir más de 399 millones 444 mil pesos para intentar que sus familiares sean liberados con vida y lo más pronto posible; así lo revela, un informe elaborado por el área de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

A pesar de su liberación, diversos estudios señalan que una persona que ha sufrido la privación de la libertad continúa pagando el costo de inseguridad; registra signos postraumáticos como pérdida de la seguridad, en algunos casos lesiones permanentes y falta de confianza, entre otras afectaciones sicológicas.

Los familiares también son sujetos a situaciones de alto estrés y extrema presión, ya que los primeros minutos, en un caso de este tipo, son fundamentales para la resolución de un caso de privación ilegal de la libertad.

“A través de un estudio se conoce que muy pocas personas saben qué hacer o a dónde acudir cuando se presenta un secuestro en su familia, lo que lamentablemente podría significar la diferencia entre la vida y la muerte del plagiado”, señala el documento de la dependencia federal al que Excélsior tuvo acceso.

El estudio del organismo federal de investigación señala que en los casos de secuestro, reportados ante la PGR, se tiene una solución favorable de 90 por ciento; incluso, señala el documento, con el correcto manejo de crisis y negociación, los delincuentes sólo obtienen 5% del monto total exigido como rescate.

“Como referencia de los esfuerzos que se han venido realizando por parte de la PGR en este sentido, cabe subrayar que a nivel internacional se considera exitosa la solución a un caso de secuestro, cuando los familiares pagan entre 15 y 25% del monto exigido por los secuestradores”, refiere el informe.

Sin embargo, el costo continúa siendo excesivo para la ciudadanía. El estudio de análisis del secuestro inicia en 2001 y establece que los familiares de personas secuestradas pagaron a organizaciones delictivas 91 millones 131 mil 721 pesos para que la víctima fuera liberada con vida.

En el documento no se especifica el número de casos atendidos, pero se detalla que el monto pagado, por el rescate de las personas privadas de su libertad en 2002, ascendió a 58 millones 805 mil 900 pesos.

Los ciudadanos afectados por la operación de diversas organizaciones delictivas, en 2003, tuvieron que entregar 70 millones 138 mil 250 pesos para que concluyera el cautiverio de un familiar.

Para el año siguiente, el costo para las víctimas incrementó a 72 millones 332 mil 800 pesos; en 2005 la cifra por el pago del rescate de las personas secuestradas se estableció en 60 millones 640 mil 200 pesos.

El análisis estadístico realizado, en ese periodo por la Agencia Federal de Investigación (AFI), incluye los primeros ocho meses de 2006, donde los familiares de personas plagiadas tuvieron que pagar 46 millones 395 mil 500 pesos.

Los integrantes de esta instancia que combate a la delincuencia organizada consideran que su intervención, en los diferentes casos de privación ilegal de la libertad fue exitosa, ya que evitó que las organizaciones delictivas obtuvieran hasta 95% del monto solicitado.

“En total se ha evitado que familiares de las víctimas hayan pagado a los secuestradores la cifra de siete mil 705 millones 279 mil 829 pesos, cifra que incluye los casos en los que la AFI ha coadyuvado con otras entidades en materia de manejo de crisis y negociación.

“Uno de los problemas que ocurren cuando la familia del secuestrado no recibe atención desde el inicio es alguna consecuencia posterior, como la desintegración familiar, aun cuando la víctima regrese con vida.

“Lo anterior se compara con las familias que son atendidas desde el principio, ya que desde la primera llamada se busca el consenso de todos, para que no se señale a un solo responsable sobre las determinaciones que se lleguen a tomar en ese momento, con lo que se logra un grado de integración mayor”, detalla el documento.