La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó nuevas órdenes de aprehensión contra nueve presuntos responsables del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

En la lista de acusados están Marcelo Meouchi Tirado, apoderado legal de la estancia y arrendatario del predio; José Manuel Matiella Urquides, apoderado legal de la arrendadora; Arturo Leyva Lizárraga, identificado como delegado estatal del IMSS en esa entidad; y Norma Cecilia Mendoza Bermúdez de Matiella, dueña de la estancia donde murieron 48 niños.

En diversas fojas de la averiguación previa AP/PGR/SON/HER-V/690/2009 también se mencionan los nombres de Sandra Lucía Téllez Nieves, representante legal de la guardería; Antonio Salido Suárez, delegado de asamblea; y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, como socios de la guardería.

También se mencionan los nombres de María Fernanda Camou Guillot y Gildardo Francisco Urquídez Serrano, propietarios de la estancia infantil siniestrada el pasado 5 de junio. Hasta el cierre de esta edición no se había ejercitado acción penal contra ninguno de ellos por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, lesiones y uso indebido de atribuciones.

Sin embargo, la PGR mantiene bajo reserva los nombres de las personas que podrían ser capturadas en las próximas horas, para evitar que interpongan alguna acción legal para evitar su detención o que se sustraigan de la acción penal.

“La Representación Social de la Federación ha ejercitado acción penal por tercera ocasión en contra de un total de nueve indiciados, quienes son servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la delegación del estado de Sonora, así como particulares relacionados con la guardería ABC.

“Dado que a la fecha corre el plazo legal para que la autoridad juridiccional resuelva sobre el libramiento de las órdenes de aprehensión, la Procuraduría General de la República se encuentra impedida legalmente para proporcionar información sobre las personas consignadas y los delitos que se les imputan”, informó Eduardo Medina Mora, titular de la PGR.

El funcionario informó sobre las actuaciones ministeriales que se han llevado a cabo, durante los últimos 26 días, para conocer las verdaderas causas y los probables responsables de la conflagración.

Medina Mora indicó que a la fecha se tomó declaración a 71 personas involucradas en el hecho, además se realizaron 35 pruebas periciales, 96 diligencias de reconocimiento, y dos diligencias sobre la reconstrucción de los hechos.

Los resultados de la investigación científica, dijo Medina, concluyen que en la estancia infantil “las medidas de seguridad no se cumplieron y tampoco se supervisaron”.

Autoridades ministeriales del gobierno sonorense, por este caso, obtuvieron 13 órdenes de aprehensión contra de servidores públicos de la Secretaría de Finanzas estatal y del Ayuntamiento de Hermosillo, de las cuales han sido cumplimentadas siete.

El fiscal de la Federación se ejercitó acción penal contra Emigdio Martínez García, jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS; Noemí López Sánchez, jefa del Departamento de Guarderías en Sonora; y Yadira Barrera, coordinadora zonal del IMSS en esa entidad.

Sin embargo, los tres funcionarios promovieron juicios de amparo y obtuvieron la suspensión provisional contra las órdenes de captura.

De acuerdo con la legislación vigente estas conductas se tipifican como no graves, lo que permitiría que los acusados puedan seguir su proceso en libertad tras el pago de un caución.