El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, subrayó la importancia de capacitar a los policías en técnicas relativas a la investigación científica, en lugar de prácticas de tortura por completo ajenas al orden jurídico.

A través de un comunicado, el ombudsman nacional informó que este jueves partió a la ciudad de León, Guanajuato, personal de la CNDH para recabar información e integrar el expediente de queja sobre el caso de la capacitación de efectivos con técnicas de tortura.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la razón de la autoridad de capacitar al personal encargado de la seguridad pública municipal "para que aguante" no es convincente.

Ello, enfatizó, ante el hecho de que en los casos de quejas ciudadanas por tortura los policías suelen ser quienes la aplican, no las víctimas.

Dijo que en cuanto a las prácticas y procedimientos de capacitación con tortura a los que están sujetos policías de León, la CNDH considera que debe regularse con normas legales claras el límite de actuación de los cuerpos de seguridad pública.

Tales acciones, abundó, con el fin de que sus miembros tengan la certeza de que sus responsabilidades están comprendidas siempre en el marco de la ley y que la fuerza se aplica en cada caso; y de conformidad con los reglamentos y el respeto a la razonabilidad y proporcionalidad.

Soberanes Fernández recordó que la CNDH emitió el año pasado la recomendación general número 10 sobre la tortura, en la que se especifican incluso cuáles son las materias indispensables para la capacitación de personal que realiza tareas de seguridad pública.

También se solicitó en 2007 a las autoridades en la recomendación general 12, que a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se les proporcione el equipo adecuado de acuerdo con la naturaleza del cuerpo policíaco y de las funciones que realicen.

Lo anterior, para que puedan hacer uso escalonado o gradual de la fuerza y de las armas de fuego, además de que se les capacite y adiestre en su manejo y únicamente se les autorice a portar dichas armas después de acreditar las evaluaciones correspondientes.

De igual manera se solicitó que se tomen las medidas necesarias para que se incorporen en las leyes y los reglamentos respectivos el Código de Conducta y los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de las Armas de Fuego, ambos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

mvg