John S. Dickson, director de la Oficina de Relaciones con México del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresó que su dependencia respeta el papel del Congreso estadunidense de legislar la Iniciativa Mérida, pero pedirían a los legisladores que dentro del lenguaje que empleen en la iniciativa “se respete la soberanía (de México), se fortalezca la asociación entre los dos países y se reconozca la importancia de la rendición de cuentas”.

El funcionario habló en ese sentido en entrevista con Excélsior, un día después de que el zar antidrogas, John Walters, expresara que las cláusulas de la propuesta preeliminar de la Iniciativa Mérida —aprobada por el pleno del senado— que piden garantías de que los policías o militares mexicanos que participen en ella no tengan un récord de corrupción o violación a los derechos humanos “son cláusulas contraproducentes” y que se correría el riesgo “de sabotear esta oportunidad” de cooperación.

Cuando se le preguntó si las declaraciones de Walters podrían afectar el debate en el Senado puntualizó que “lo que dijo Walters es parte del debate público y creo que la gente en el Senado entiende que sus declaraciones son parte de un proceso de diálogo de ida y vuelta entre el legislativo y el ejecutivo”.

Dickson aseguró que el Departamento de Estado pide que los congresistas tomen en cuenta, en la redacción de la Iniciativa Mérida, los contenidos en la Declaración Conjunta de México y Estados Unidos sobre la Inciativa Mérida, que emitieron el 22 de octubre de 2007.

Habló de que esos principios “han sido la guía” que ha empleado el Departamento de Estado en su diálogo con el Congreso y con el gobierno mexicano.

Sobre las declaraciones que han emitido funcionarios mexicanos en el sentido de que la versión preliminar de la Iniciativa Mérida sería inaceptable para México, Dickson destacó que los funcionarios en ambos lados de la frontera deben recordar que el proceso legislativo en EU aún no ha terminado y no se ha consensuado la versión final.

“El proceso aún no ha terminado, estamos en medio de un debate y una discusión democrática natural en Washington”, dijo Dick-son, quien comentó que en las palabras del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en el sentido de que “en su estado actual” la Iniciativa Mérida sería inaceptable para México, es evidente que el funcionario está consciente de que el proceso legislativo aún no ha finalizado.

Recordó que el pleno del Senado de EU aprobó una versión preeliminar de la Iniciativa Mérida, y por otra parte, la Cámara de Representantes aprobó su propia versión y “lo que sucede ahora es que representantes del Senado y de la Cámara baja están hablando acerca de reconciliar las diferencias—entre ambas versiones—” para acordar una versión final, la cual para convertirse en ley deberá ser ratificada por el presidente George W. Bush.

Por otra parte, Dickson enfatizó que en el texto de la Declaración Conjunta de octubre de 2007 se establecía la meta de “incrementar las capacidades operativas de las agencias e instituciones mexicanas” y se especificaba que eso debería ocurrir “en forma consistente con todos los estándares apropiados de ambos países, relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de estos recursos”.

“Si regresamos a la declaración de 22 de octubre del 2007, había el reconocimiento de parte de ambos gobiernos, de la necesidad de que hubiera rendición de cuentas, de la necesidad de que se respete la soberanía y obviamente en todo el tema se trata de buscar una asociación bilateral”, subrayó.