Ante la ola de motines e incidentes en cárceles del interior de todo el país, congresos y gobiernos de estados del norte y centro han solicitado la construcción de penales de máxima seguridad para reubicar a los reos vinculados con delitos como el narcotráfico.

En lo que va del año han ocurrido al menos 28 hechos violentos en cárceles del país, entre motines, riñas y evasión de reos en Sinaloa, Tamaulipas, México, Baja California, Veracruz, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco y Zacatecas, los cuales han dejado un saldo de por lo menos 40 muertos.

Diputados del Distrito Federal, Nuevo León y Chihuahua coincidieron en que los penales que existen son insuficientes y urge reubicar algunos reos en otras prisiones o construir algunas con características especiales.

La exigencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es pareja para los gobiernos federal y local, a fin de que pongan en operación los proyectos de creación de centros penitenciarios de alta seguridad.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Víctor Hugo Círigo, consideró que los incidentes ocurridos en los reclusorios del país en las últimas semanas son una llamada de alerta sobre lo que podría ocurrir en algún penal capitalino.

"Las cinco principales cárceles de la ciudad son cinco bombas de tiempo que pueden estallar en cualquier momento. Los problemas que están presentando los penales del interior del país resultarán un juego de niños en comparación a lo que podría ocurrir aquí, por la sobrepoblación que tenemos", advirtió.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, las cárceles de la ciudad de México tienen capacidad para 18 mil 340 internos, pero actualmente se encuentran recluidos 35 mil 661, lo que implica una sobrepoblación relativa de 94.44 por ciento, además de que 12.7 por ciento son del orden federal.

En Nuevo León, el Congreso local solicitó al gobernador Natividad González Parás que considere la posibilidad de reubicar el penal de Topo Chico y en su caso construir una nueva prisión ante los problemas de hacinamiento e inseguridad que existen en ese lugar.

Por otra parte, los gobiernos de Chihuahua y Sinaloa solicitaron al gobierno federal que otorgue recursos y agilice la construcción de cárceles para reubicar a inculpados cuya investigación corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR).

jrr