TUXTLA GUTIÉRREZ. Un supuesto oficial del Ejército Mexicano fue detenido por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), cuando “guiaba” a cuatro migrantes indocumentados, todos ellos vestidos con uniforme militar.

De acuerdo con información del INM se trata de Juan Carlos Ramírez Hernández, originario de Veracruz, quien al momento de ser detenido se identificó con credenciales del Ejército Mexicano, adscrito al Estado Mayor Presidencial.

Los hechos ocurrieron en el punto de revisión localizado entre los estados de Chiapas y Veracruz.

Los indocumentados, tres hombres y una mujer originarios de Guatemala y quienes también vestían uniformes del Ejército Mexicano, y el presunto pollero, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Los indocumentados guatemaltecos señalaron que Ramírez Hernández les había prometido trasladarlos hasta la frontera norte de México para ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Su meta era la ciudad de Los Ángeles, California, donde dijeron tener familiares que habrían pagado una fuerte suma de dinero al pollero.

Los cuatro ciudadanos guatemaltecos fueron identificados como Santos Pedro Tale, Luis Alberto Mejía López, Arnoldo Hernández López y Sandra Patricia Carrillo López.

Los indocumentados quedaron a disposición del Ministerio Público, acusados de usar uniformes y condecoraciones oficiales del Ejército Mexicano.

A su vez la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chiapas informó que espera la confirmación de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la identidad del guía mexicano, arrestado por violar la Ley General de Población y por uso indebido de uniformes e insignias del Ejército Mexicano.

Unos 500 mil extranjeros ingresan anualmente a territorio mexicano, principalmente por la frontera sur, para tratar de llegar de manera ilegal a trabajar a Estados Unidos, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En tanto, el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Sergio González, informó que agentes de la Policía Estatal aseguraron a 138 indocumentados centroamericanos, entre ellos 14 mujeres y un menor de edad.