La ejecución de Édgar Eusebio Millán Gómez, coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, fue planeada por uno de sus compañeros en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Las investigaciones señalan a José Antonio Martín Montes Garfías como el autor intelectual del homicidio registrado, el pasado 8 de mayo, en la colonia Guerrero; en la SSP se le acredita como elemento federal adscrito a la coordinación de Seguridad Regional en la sede de Culiacán, Sinaloa.

Este hombre fue capturado, junto con cuatro presuntos cómplices, en diferentes puntos del Distrito Federal el mismo día que se registró la ejecución. Las autoridades federales argumentan que no se había proporcionado información sobre su aseguramiento, para no entorpecer las investigaciones.

Las diligencias refieren que Montes Garfias habría sido contratado por los hermanos Héctor y Arturo Beltrán Leyva, líderes del cártel de Sinaloa, para perpetrar este asesinato.

Sin embargo, se sospecha que la célula delictiva que dirigía el policía federal tenía el encargo de asesinar a otros cuatro funcionarios de alto nivel; José Antonio Montes Garfias, al momento de su captura, tenía en su poder una lista con las matrículas de varios vehículos que utilizaban constantemente jefes de policía adscritos a la División Antidrogas de la SSP.

En el listado destaca el número de matricula 719VEX que pertenece a una camioneta Explorer, color arena, en la que viajaba un alto mando de la Dirección General de Análisis Táctico de la SSP, Roberto Velasco Bravo, asesinado el pasado 1 de mayo.

La ejecución del coordinador de seguridad regional de la Policía Federal estaba perfectamente planeada. El homicidio ocurrió cuando Édgar Millán entró a su domicilio, que se ubica en la calle Camelia 132; el encender la luz de la sala lo esperaba Alejandro Ramírez Báez, quien le disparó en varias ocasiones.

El presunto autor material fue sometido por un escolta y se le encontró un radio tipo Nextel, un juego de llaves que correspondían al inmueble de Édgar Millán y dos armas de fuego.

Los agentes federales rastrearon la propiedad del radio de comunicación y se logró establecer que, el aparato, estaba registrado a nombre de Jorge Ortega Gallegos; a través de Plataforma México, se ubicó su domicilio en la calle Girasol 29, colonia Los Ángeles.

Al acudir al inmueble se localizó a Josué Ortega, quien manifestó que su hermano (Jorge Ortega Gallegos), se dedicaba a la venta y renta de equipos de comunicación y radios en un local ubicado en Tolsá 54, colonia Centro, en el Distrito Federal.

En ese lugar fue ubicada una camioneta Nissan Murano, color gris plata, sin placas de circulación, con dos mujeres a bordo, quienes se identificaron como Juana Virginia González Chicuéllar, alias La Vicky y María Teresa Villanueva Aguirre.

Al momento de su captura, La Vicky se puso en contacto con Montes Garfias y acordó una cita para entregarle nuevos radios en las inmediaciones del Hospital Ángeles del Pedregal, ubicada sobre la lateral del Periférico Sur.

Policías federales se trasladaron al lugar y encontraron que el presunto autor intelectual del homicidio, se encontraba a bordo de una camioneta Honda tipo Pilot blanca, placas 110 VTK; el conductor se identificó como José Antonio Montes Garfias, quien portaba una pistola escuadra, marca Smith & Wesson calibre 40, con sus respectivos cartuchos.

En el análisis de las pruebas recabadas se mantiene como principal línea de investigación una venganza por las intervenciones de cargamentos de droga que realizó el mando federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En las primeras declaraciones de los presuntos responsables se han encontrado elementos que refieren algunos vínculos con los hermanos Héctor y Arturo Beltrán Leyva, líderes de una célula del cártel que dirige Joaquín El Chapo Guzmán.

los tenían, era suyo...

Alejandro Ramírez Báez, presunto homicida del coordinador general de seguridad regional de la PFP, Édgar Millán Gómez, obtuvo su libertad por métodos legales. El sospechoso purgaba una condena de siete años por robo de vehículos en el penal de Santa Martha Acatitla, pero realizó el trámite de beneficios legales y libertades anticipadas ante la Dirección de Ejecución de Sentencias. Ramírez Báez obtuvo su libertad cuando le faltaban dos años tres meses para concluir su pena.