Por unanimidad, el pleno del Senado de la República aprobó una serie de medidas paro ponerle fin en todo el país al uso de teléfonos celulares con fines criminales.

Ayer, los senadores acordaron la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obligará a quienes utilizan ese servicio, ya sea por plan tarifario o por prepago, a proporcionar su huella digital, comprobante de domicilio, entre otros requistos.

El propósito de esta reforma, construida con base en las iniciativas presentadas por los senadores Mario López Valdez y Rodolfo Dorador, y adicionada por Tomás Torres, Pablo Gómez y Silvano Aureoles, es evitar que los delincuentes utilicen los teléfonos móviles y fijos para cometer extorsiones, secuestros o cualquier actividad ilícita.

Lo que se busca es tener elementos para rastrear un celular y saber a nombre de quién está en caso de que sea utilizado en la comisión de algún delito.

La reforma fue enviada por el Senado a la Cámara de Diputados para su aprobación y dependerá ahora de los legisladores en San Lázaro el tiempo para la entrada en vigor de este nuevo Registro Nacional.

Con este cambio en la Ley Federal de Telecomunicaciones, las compañías telefónicas deberán colocar un chip inteligente de seguridad en los celulares y tendrán dos años para que los millones de usuarios se sumen a ese registro; a quien no lo haga, su línea será dada de baja.

A estas nuevas disposiciones, de las cuales Excélsior ha informado desde el lunes pasado, el pleno senatorial les hizo ayer algunas precisiones.

Una de ellas es para dejar en claro que los datos de ese Registro Nacional sólo serán entregados, previa orden de un juez, al Ministerio Público federal o local cuando se “realicen funciones de investigación de delitos de extorsión, amenazas, secuestro en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave orelacionado”.

También se estableció que se ordenará “la suspensión inmediata del servicio de telefonía para efectos de aseguramiento, cuando así lo instruya la Comisión Federal de Telecomunicaciones de conformidad con lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales”.

Asimismo, que el identificador de llamadas deberá incluir la localización del teléfono del cual se marca.

Los chips inteligentes contendrán el número y modalidad de la línea; nombre completo del cliente, domicilio, nacionalidad, los datos de la identificación personal con fotografía y comprobante de domicilio, y la razón social y cédula fiscal en caso de personas morales.

La información deberá conservarse durante un año y estar con ello a disposición de las autoridadesjudiciales.

Los concesionarios que no cumplan en tiempo y forma con la creación del registro o la entrega de datos al Ministerio Público que lo requiera pagarán multa de entre diez mil y 100 mil salarios mínimos.

Para el registro de todos los números que ya están en uso, las compañías telefónicas “deberán realizar una campaña de información, sin costo adicional, dirigida a sus clientes y que garantice el derecho a los usuarios en esta modalidad de servicios, para informarles de la obligación de registrar y actualizar los datos, presentando el equipo celular o chip inteligente, así como la documentación correspondiente.

Si el usuario no da la información en el plazo señalado (dos años), el concesionario cancelará de inmediato la línea, sin derecho a reactivación, pago o indeminización.

La reforma establece que el registro deberán permitir la identificación precisa de:

El tipo de comunicación, transmisión de voz, buzón, conferencia, datos y servicios complementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamadas y mensajería multimedia, como es el caso de los mensajescortos).