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La reconstrucción en Chiapas, deficiente aún tres años después. Foto: Archivo/Erik Meza
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03-Julio-2008

Stan dejó en Chiapas huracán de denuncias

Gaspar Romero

También se ejerce acción penal contra 300 empresas; se desviaron más de mil 500 millones de pesos

TAPACHULA. El gobierno de Chiapas levantó denuncia penal contra 150 servidores públicos y 300 empresas particulares, quienes resultaron con responsabilidades en las auditorías aplicadas a los 11 mil 018.38 millones de pesos destinados a la reconstrucción por los daños del huracán Stan en 2005.

La Secretaría de la Función Pública encontró una desvío de más de mil 595 millones 868 mil pesos en los recursos ejercidos por servidores públicos del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. A los ex servidores se les acusa por ejercicio indebido del servicio público, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, todas del ámbito federal. Y por ejercicio indebido del servicio público, del orden estatal.

Se iniciaron investigaciones contra 21 ayuntamientos de la costa, sierra y de la región centro de Chiapas.

El secretario de la Contraloría del gobierno del estado, Francisco Sau Yáñez, dijo que fueron cien las auditorías.

Detalló que se han resuelto ya tres procedimientos, inhabilitando a tres ex servidores públicos del entonces Instituto de la Vivienda (Invi), por ocho, cuatro y tres años, y sanción económica por un total de 201 millones 87 mil 877 pesos, para los siguientes ciudadanos:

Arturo López González, ex director de Reserva Territorial y Control de Obra del Invi, por un monto irregular de 158 millones 839 mil 425 pesos, e inhabilitación de ocho años y tres meses.

Roger Celerino Nanguyasmú Vicente, ex director jurídico del Invi, por un monto irregular de 711 mil 678 pesos e inhabilitación de tres años, diez meses y 15 días.

Lucila Hernández Vázquez, ex analista técnica especializada con funciones de tesorera del Invi, por un monto irregular de 41 millones 536 mil 773 pesos e inhabilitación por cuatro años y nueve meses.

Sau Yáñez agregó que “se han presentado denuncias penales contra más de 300 empresas particulares y 15 profesionistas en su calidad de supervisores de obra”.

En tanto, la coordinadora del Sistema Nacional de Protección Civil, Laura Gurza, acusó a los gobiernos estatales de retrasar durante años la ejecución de los recursos que el gobierno federal les entrega para reparar los daños que provocan los desastres naturales.

En reunión con los senadores de la Subcomisión de Desastres Naturales, la encargada de protección civil dijo que pese a que las reglas y tiempos de entrega de recursos son los mismos para todos los estados, hay entidades que reciben el dinero y al año siguiente ya realizaron todas las obras, mientras que otras tienen todavía el proceso de reconstrucción incompleto en desastres ocurridos en 2000.

No dio información de los estados con retrasos, pues dijo que está en la página de internet. Entrevistado aparte, el director del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Rubem Hofliger, dijo que “es complicado” saber cuáles estados están retrasados y que esa información no está en internet.

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