Los diputados de Chihuahua buscan reformar la constitución local, para que los candidatos a cualquier puesto de elección popular se sometan a un examen toxicológico antes de la contienda electoral, y que en caso de obtener el triunfo, sigan realizándose la prueba cada año.

La iniciativa de decreto fue presentada de manera conjunta por los diputados del PRI y del PAN , quienes forman la mayoría casi absoluta en el Congreso del Estado de Chihuahua, por lo que ambas fracciones confiaron que la iniciativa será aprobada en la próxima sesión legislativa.

Los diputados Ricardo Espinoza Leyva (PRI), Manuel Humberto Olivas Caraveo (PAN) y Roberto Lara Rocha (PAN), presentaron ante el Pleno Legislativo una iniciativa de Decreto de reforma a la Constitución Política del Estado, para establecer que todo aspirante a ingresar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los ayuntamientos y a todo cuerpo de seguridad pública estatal o municipal, sin perjuicio de cumplir con los requisitos que la Ley exige, deberán sujetarse a un examen toxicológico.

Actualmente la legislación federal obliga a los aspirantes y miembros de alguna corporación policicaca a someterse regularmente a exámenes toxicológicos, por lo que la reforma pretendida por los legisladores de Chihuahua, pretende que la medida se extienda a todos los candidatos a un puesto de elección popular en Chihuahua.

El diputado Espinoza precisó que aparte de ser un requisito de elegibilidad para su registro, deberán practicarse el examen al menos una vez al año.

Dentro de la iniciativa, se solicita también adicionar un segundo párrafo a la primera fracción del artículo 23 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que dentro de los primeros 15 días después de asumir el cargo, los funcionarios públicos de cualquier nivel, exhiban un certificado de haberse practicado examen toxicológico que demuestre que no consume sustancias prohibidas o ilícitas, a excepción de las administradas por prescripción médica.

El objetivo, añadió el legislador, es que los servidores públicos no sólo sean responsables, sino que se mantengan ajenos al uso y abuso de sustancias adictivas como las drogas ilícitas.

Añadió el legislador que quienes den positivo en el examen, deberán ser suspendidos de su encargo, además de iniciarse un proceso administrativo para que en su caso queden inhabilitados para el ejercicio de la función pública .

jrr