El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, admitió que la sociedad no ha visto resultados concretos en la lucha contra el crimen, por lo que rechazó celebrar avances en materia de seguridad y justicia.

En la XXV sesión del Consejo Nacional de Seguridad Publica, el encargado de la política interna del país señaló: “No podemos celebrar ningún avance cuando la gran mayoría de los mexicanos reclaman tranquilidad y seguridad en sus hogares, en sus centros de trabajo, en el transporte público o privado que usan para desplazarse o cuando salen del mercado, del banco o del centro comercial.

“No debemos destacar logros hasta que México cuente con policías y ministerios públicos de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno, capacitados y equipados. No permitamos sentimientos de satisfacción hasta que el marco jurídico en materias de seguridad y justicia empiece a dar resultados concretos, visibles y medibles”, dijo.

Aseguró que el país atraviesa por un momento crítico, que obliga a tomar decisiones impostergables para enfrentar el crimen organizado: “La hora crítica que vive la República nos ha hecho confluir aquí, en torno a un objetivo trascendente: garantizar que cada familia mexicana se sienta protegida por sus autoridades y por un Estado de Derecho garante de un país libre”.

Gómez Mont Urueta fue el encargado de hacer el balance del gobierno federal en torno al cumplimiento de los acuerdos firmados en agosto pasado, de los cuales, explicó, se ha cubierto 100% de los siete compromisos programados para ser resueltos al corte de ayer.

Entre ellos, la reasignación del presupuesto para dar cumplimiento al acuerdo, fortalecimiento del sistema de denuncias contra la corrupción, la iniciativa para la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la instrumentación de campañas masivas para la promoción de la denuncia y prevención del delito.

Anunció que para cumplir los compromisos, la Segob diseñó un Sistema Único de Seguimiento, que permite evaluar el avance de cada compromiso.

Informó que se creará un modelo de Observatorio Ciudadano que permita procesar los datos proporcionados por los estados y el gobierno federal. Se trata de una ventanilla integradora para acopio de información estadística y criterios para homologación y clasificación de datos, que estará encabezado por el INEG y el IFAI.