La gravedad del problema de la inseguridad pública en el país quedó demostrada con la convocatoria que logró la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, ya que por primera vez en los 13 años de su existencia el pleno estuvo completo.

Una sola bandera: la tricolor; un solo tema: la seguridad, y una sola voz: justicia, asumieron todos los sectores del país y lo firmaron en un Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad con sus 11 artículos y 74 compromisos.

Tres horas y cinco minutos fueron necesarios para que a cada uno de los sectores de la sociedad y del Estado se le encomendaran y asumieran sus tareas, compromisos y políticas que van más allá de posiciones partidistas, personales o sexenales.

La urgencia de encontrar verdaderas soluciones a esta situación que calificó el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz, como un "momento difícil", hizo que todos los protocolos y programas del funcionamiento del Consejo de Seguridad Pública se dejaran a un lado.

Esta vez aunque había gente de todos los partidos, de todas las creencias y de todas las ideologías, no hubo acusaciones, no hubo reclamos ni se echaron unos a otros culpas.

Esta vez se sumaron para hacer un frente común y jalar parejo cada uno de ellos en el ámbito de su responsabilidad, en donde hasta los gobernadores perredistas se sumaron.

Hubo un reconocimiento general: "todos somos responsables" de la situación en que se encuentra hoy el país, en medio de la impunidad de la delincuencia, de la drogadicción y de la incertidumbre en que la población mexicana vive.

La mayoría de los miembros del Consejo estaban reunidos desde antes de las tres de la tarde y, aunque ese no fue un marco de entendimiento general, pues tampoco estaban los invitados especiales, hubo oportunidad para degustar y compartir el pan y la sal.

La comida era informal y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, fue el único de los 32 mandatarios estatales que no asistió.

Por lo tanto, tampoco disfrutó del menú que se sirvió en otro de los salones de Palacio Nacional, que fue de sopa de hongos, filete de pescado a las hierbas finas, chiles en nogada y como postre tartaleta de frutas y galletas.

En esta ocasión hasta los que no forman parte de este Consejo Nacional llegaron, pero en mucho tiempo atrás no se había visto a los titulares de los tres Poderes de la Unión hablar en un mismo acto.

Todos ellos hablaron, empezando por el presidente Felipe Calderón, que de acuerdo con los protocolos tendría que ser el último orador y de ahí le siguieron el presidente de la Suprema Corte y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Ruth Zavaleta.

Posteriormente fue el presidente del Senado de la República, Santiago Creel Miranda, quien dio a conocer su mensaje y compromiso, como parte del Poder Legislativo para generar las iniciativas de ley que se requieren para dar cumplimiento a los puntos de este acuerdo.

Compromisos inmediatos, a mediano y largo plazo quedaron suscritos por todos los sectores de la sociedad, en donde hasta las iglesias se comprometieron a difundir una cultura de la denuncia en sus centros de oración y templos.

Y es que el diagnóstico que es justificación de este acuerdo señala que "la delincuencia ha dañado el tejido social y ha encontrado cobijo en familias enteras y comunidades, por ello el desafío es indiscutible e inaplazable".

En ese acuerdo el Estado reconoce que "el deterioro institucional de los órganos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia son problemas desatendidos a lo largo de décadas".

Aquí se dio voz también a las víctimas de esta situación, una de ellas, de las más recientes, el señor Alejandro Martí Haik, padre del adolescente Fernando que fue secuestrado y asesinado en recientes días a manos de policías involucrados con la delincuencia organizada.

Antes de iniciar esta sesión del Consejo Nacional, los que estaban ya presentes sin ser miembros formales de este, pero hoy con participación activa eran el presidente de la Suprema Corte y el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes.

Cuando se daba la espera para el inicio de la sesión, cinco minutos antes de las 17 horas, llegó al lugar el jefe del gobierno, Marcelo Ebrard, acompañado de los coordinadores parlamentarios, el senador Carlos Navarrete y el diputado Javier González Garza.

Retrasada, pero discreta, llegó también la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, quien al ser nombrada como la última firmante del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad recibió una rechifla.

Otro de los que llamaron la atención al llegar fue el secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, quien al entrar al salón de la Tesorería de Palacio tropezó con un escalón y cayó, pero de inmediato le ayudaron otras personas a reponerse sin mayores consecuencias.

En tanto el Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, arrebató la palabra al secretario ejecutivo del SNSP, Roberto Campa, a quien le habían dado el uso del micrófono, pero García Luna dio la bienvenida a los asistentes y cuando se dio cuenta del error le dio la palabra a Campa.

Solamente los fotógrafos lograron captar un acercamiento virtual entre el presidente Felipe Calderón y el jefe de gobierno Marcelo Ebrard.

Eso se dio cuando las cámaras de Cepropie enfocaron hacia una de las pantallas gigantes del salón la imagen del jefe del Ejecutivo federal que quedaba como fondo y en primer plano el perredista y viceversa. En realidad estaban a unos siete metros de distancia.

Nunca hubo un saludo en especial ni general, ni siquiera de lejos, no fue necesario, pues Ebrard lo dijo públicamente cuando tomó la palabra que su gobierno asume en todo su extensión los compromisos del acuerdo propuesto por el Ejecutivo federal.

Fue también el presidente de la República quien clausuró la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que sesionará dentro de un mes, a iniciativa del propio Ejecutivo, pues en primera instancia Roberto Campa había convocado para dentro de cien días.

bbg