El Instituto Nacional de Migración (INM) redujo en 50 por ciento el número de querellas presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de tráfico de personas, en comparación con 2007, a pesar de incidentes como el de abril pasado, cuando se informó de la operación en nuestro país de una red de tráfico de cubanos.

Mientras que en el año pasado el INM, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó ante el Ministerio Público federal mil 112 denuncias por violaciones a la Ley General de Población, hasta septiembre de este año sólo ha presentado 636 querellas, 99 por ciento procedentes de las delegaciones estatales del Instituto.

Lo anterior, de acuerdo a datos proporcionados por el mismo INM en respuesta a una solicitud de información pública, en la que además se detalla que a diferencia del año pasado, en lo que va de 2008, sólo se pusieron a disposición de las autoridades a cinco presuntos responsables de violar la ley en la materia, en contraste con los 22 presentados en 2007.

El artículo 143 de la Ley General de Población señala que “el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público federal, en los casos de delito que esta ley se refiere, estará sujeto a la querella que en cada caso formule la Segob”, de ahí que la PGR es la encargada de llevar los procesos contra los traficantes de personas.

La atención para las víctimas de trata y tráfico de personas, o migrantes protegidos de conductas delictivas, también disminuyó al pasar de 115 en 2007 a sólo cinco en este año.

De acuerdo a la información proporcionada por el INM, la delegación que más denuncias interpone ante la PGR por violaciones a la Ley General de Población están en el norte del país.

Las representaciones de Baja California Norte y Sonora, encabezan la lista con 406 denuncias presentadas ante el Ministerio Público federal, 228 y 178, respectivamente.

Aún así Baja California, redujo a la mitad el número de querellas interpuestas en comparación con el año pasado que fue de 406, mientras que Sonora elevó el número en poco menos de la mitad.

Siete entidades federativas, entre ellas el DF, no han presentado ninguna denuncia durante este año, mientras que cuatro estados más sólo han presentado una.