La cifra de muertos en Tlatelolco, el 2 de octubre, y en el transcurso de todo el movimiento, es un paréntesis abierto en la historia.

Ninguna de las fuentes coincide en una sola cifra. Testimonios y notas periodísticas refieren cientos y hasta miles, y el espectro se abre de los mil 500 muertos a “ninguno”, como declaró el general José Hernández Toledo, él mismo herido en la Plaza de las Tres Culturas.

En su momento, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz informó de 22 muertos en Tlatelolco. Pero el informe histórico elaborado por Eduardo Valle, El Búho, con base en actas del Ministerio Público Federal y a petición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosopp), dio una lista de 70 dos militares entre ellos—, más otros 15 fallecidos en hechos previos y posteriores al mitin de la Plaza de las tres Culturas.

Para los ex dirigentes estudiantiles que han emprendido el juicio contra Luis Echeverría, los muertos del movimiento estudiantil no son tema menor, pues sustenta el delito de genocidio en su contra, y que se configura con base en tres hipótesis: perpetrar por medio de la violencia física delitos contra la vida, por medio de la violencia física y moral ataques a la salud de sus miembros y sometimiento incondicional de existencia que hubieren de acarrear su destrucción física parcial.

El camino judicial contra Echeverría ha sido largo, pero se mantiene. Bajo arresto domiciliario, el ex presidente espera la resolución de un amparo interpuesto por su abogado Juan Velásquez para impedir su juicio.

“En tanto no se resuelva ese amparo, no podrá continuar el proceso que permitiría abrir el periodo de aportación y desahogo de pruebas en su contra, y que demostrará su responsabilidad”, explica Félix Hernández Gamundi, uno de los ex dirigentes estudiantiles más involucrados en el proceso a Echeverría que emprendió el Comité de 68.

A la fecha, hay más de 50 averiguaciones previas abiertas en torno de hechos relacionados con 1968 y 1971 (la matanza de Corpus perpetrada por Los Halcones), y en todas está involucrado Echeverría, dice Hernández Garamundi.

El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz mintió respecto de los muertos de Tlatelolco. Al día siguiente de los hechos informó de 22 personas fallecidas.

Años después, por documentos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad, del Centro de Investigaciones Políticas y Sociales y de la Secretaría de la Defensa Nacional, se conoció que las autoridades sabían de 33 personas muertas, la mayoría por arma de fuego y en “trayectoria horizontal”, es decir, de frente o por la espalda.

Kate Doyle y su equipo del Nacional Security Archive, de Estados Unidos, elaboró un informe al respecto, con base en documentos oficiales disponibles y los testimonios contenidos en libros.

En ese documento, disponible en internet, recabó los nombres de 34 personas muertas y diez más en calidad de desaparecidas. Advierte, no obstante, de la disparidad de cifras, las contradicciones en informes oficiales y las carencias en la clasificación de documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación.

Otra lista de muertos la ofreció Eduardo Valle, El Búho, también ex dirigente estudiantil en 68, en un “informe histórico que elaboró en 2006. Ese informe da a conocer 58 nombres de personas muertas en los hechos del 2 de octubre, diez más en calidad de desconcidas y dos militares. En total, Valle enlista 85 muertos por hechos relacionados con el movimiento estudiantil antes y después del 2 de octubre.

“Es la lista que elaboró el Ministerio Público Federal en las investigaciones a las cuales yo tuve acceso. Se trata de un número mínimo del cual partir hacia delante, que incluye no sólo estudiantes, sino trabajadores, gente del pueblo”, dice Eduardo Valle.

“Con esta lista, dice Valle, se repara la falla procesal e histórica y ahora la autoridad judicial puede señalar un número determinado de muertos y demostrar cómo se afectó la seguridad —jurídica, política y física— de los habitantes de la ciudad, y consolida la acusación de genocidio contra Echeverría”, dice.

Publicado como libro a principios de 2008 bajo el título El año de la rebelión por la democracia, el informe de Valle no fue dado a conocer por la Procuraduría General de la República. En cambio, aclara, “involucraron mi nombre en el informe final de la Femosopp, en el que nada tuve que ver”.

Para los protagonistas del movimiento estudiantil de 68, los muertos son asunto que divide. Unos están convencidos de que no hay más muertos que aquellos cuyo nombre se encuentra grabado en la estela de Tlatelolco. Otros insisten en la necesidad de seguir adelante con las investigaciones.

Félix Hernández Gamundi, ex dirigente estudiantil y miembro del Comité de 68 explica la base sobre la cual se puede acreditar el genocidio. Dice: “La represión del 2 de octubre se planeó desde lo más alto de las esferas de gobierno, desde la Presidencia y la Secretaría de Gobernación (entonces a cargo de Echeverría), cuyo titular se desempeñaba como jefe del gabinete, de acuerdo con la ley orgánica de la época.

“Desde allí se planeó con toda paciencia la represión y esa planeación es la condición que de manera más clara tipifica el delito de genocidio, pues se trató de una acción premeditada en la que se utilizaron todos los recursos del Estado.”

Hernández Gamundi afirma que en la medida en que se ha negado la acción de la justicia en torno de aquellos hechos en Tlatelolco, se ha construido un estado de impunidad.

“Mientras los responsables no sean juzgados, independientemente de cual sea el resultado de los procesos , no vamos a poder cerrar ese capítulo en la historia, que sigue abierto en la conciencia nacional”.

También ex dirigente estudiantil, Luis González de Alba confiesa, por su parte: “Tengo grandes y graves dudas acerca de 68, entre ellas, los muertos. Yo no digo que fueron miles ni que hubo 38 —que son los que estás inscritos en esa estela horrible de Tlatelolco, que parece un lápida, una tumba—. Digo que yo no vi ni uno. Escuché la balacera y supuse que habían matado a toda la gente, porque no estaba viendo, pero luego no supe de nadie”.

González de Alba se lamenta que los protagonistas del movimiento sigan insistiendo en el número de muertos, cuando lo importante es saber quién montó esa provocación.

Dice: “Es un crimen de Estado feroz e imperdonable, sean 30, cien o mil, no importa. Frente a gente que no estaba armada, llegaron y fríamente dispararon sobre un mitin pacífico, que fue lo que hizo el Batallón Olimpia.”

—¿Su posición no justifica a las autoridades, al gobierno de la época?

—No, no, quiero simplemente poner las cosas en su justo término. Si pedimos justicia, que haya justicia, y no que cada quién le aumente la tinta en donde le guste.

“Si el Ejército, que tenía rodeada toda la plaza, hubiera llegado disparándole a la gente, no queda nadie vivo. ¡Nadie! El Ejército no llegó así, llegó el Batallón Olimpia a detenernos. ¿Quién dio la orden? Todo apunta a Echeverría, no hay más. Tuvo que ser él o Díaz Ordaz. Y yo, con toda la infinita antipatía que siento hacia Díaz Ordaz, creo que no fue él, porque si hubiera sido él, entonces sí habríamos tenido una operación bien coordinada. Pero como fue algo chueco, por eso se dio sin coordinación.”

Autor de un nuevo libro acerca del 68, de título Otros días. Otros años, González de Alba rechaza ya la idea de martirio de 1968 y lo ratifica en la entrevista.

“No quiero pensar en el movimiento como en tumba. Acabó con un derramamiento de sangre provocado, cierto, pero ha producido en este país cambios de gobierno, recambios, elecciones.”