En los últimos 18 meses, 66 víctimas de secuestro en el país han sido asesinadas, según el Diagnóstico del Secuestro en México, del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), documento que informa también que 136 plagios están en proceso.

De acuerdo con dicho análisis, de enero de 2007 al 15 de septiembre de este año, en promedio, 72 por ciento de las denuncias se resolvieron, es decir, se obtuvo la liberación de 760 personas de los mil 106 víctimas registradas por 21 procuradurías estatales y el gobierno federal; sin embargo, se aclaró que aún se recopila información de las 11 procuradurías restantes.

Minutos después de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) nombró ayer como nuevo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) a Monte Alejandro Rubido García —en lugar de Roberto Campa Cifrián, quien renunció el primero de septiembre pasado, el funcionario presentó un diagnóstico de este delito en territorio nacional en el que informó que 144 plagios más fueron concluidos por “diversos motivos”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, los integrantes del CNSP celebraron su XXIV sesión. Ahí, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, solicitó un minuto de silencio por las víctimas de los atentados en Morelia, el 15 de septiembre pasado.

Durante dicha reunión, el nuevo titular de la SNSP señaló que de 2001 a 2008 se han capturado 139 bandas dedicas al secuestro y a 923 presuntos plagiarios, de los cuales 34 eran policías y de las 139 bandas referidas, en 20 de ellas se contó que había participación de ex policías”.

En el encuentro se destacó que a partir del 21 de agosto pasado, cuando se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en diversos operativos y entidades se logró la desarticulación de nueve bandas y se detuvo a 120 presuntos secuestradores. En dichas acciones fallecieron cuatro supuestos delincuentes y se liberó a 30 víctimas.

En este encuentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública se avaló la Estrategia Nacional de Combate al Secuestro que contiene cinco puntos esenciales, misma que fue ratificada por los procuradores y gobernadores el pasado 12 de septiembre en Monterrey, Nuevo León.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina-Mora, quien presentó este plan antisecuestro, habló respecto de la creación de unidades especializadas de combate a la delincuencia (primer punto), y recordó que el objetivo es rescatar con vida y en plena integridad física y emocional a las víctimas, y detener a los responsables para castigarlos con todo el rigor de la ley.

La idea, añadió, es contar con un mecanismo de atención homogénea en todo el país que articule de manera armónica las funciones de inteligencia y operación policial y la aplicación de insumos tecnológicos adecuados.

Informó que 16 estados del país cuentan con unidades especializadas para combatir el secuestro, aunque no se ajustan a los criterios que requiere México; dos más iniciaron su formación el 21 de agosto pasado, mientras que en 14 estados carecen de una instancia de esa índole.

De acuerdo con Medina-Mora, un aspecto central es establecer un salario homogéneo y atractivo para impedir rotación, dado que se requiere mantener la especialización y la calidad del personal.

Además, es preciso que sus integrantes pasen los controles de confianza, así como los exámenes toxicológicos, médicos y el polígrafo, entre otros, los cuales se aplicarán anualmente.

El segundo eje se relaciona con los recursos tecnológicos de combate al secuestro, aprovechando el esfuerzo efectuado mediante la Plataforma México, señaló.

Para ello, dijo, se pretende instalar un módulo de información sustantiva en el Sistema Unico de Información Criminal, a fin contar con un registro y seguimiento a escala nacional del modus operandi, datos vinculados al secuestro y capacidad de cruce de datos para acortar los tiempos y aumentar efectividad en la investigación.

En cuanto a los componentes de prevención de delito, dijo que la finalidad es arraigar una cultura de la seguridad y la legalidad mediante campañas masivas de información en la familia, el fomento a la denuncia, creación del tejido social de ciudadanía y del sentido de pertenencia al Estado de derecho a fin de erradicar conductas criminales.

“Hemos constatado en muchos casos que hay conductas que generan circunstancias de riesgo y que se pueden evitar. Mediante campañas de divulgación, es posible reducir el riesgo de ser víctimas de un delito tan lacerante como éste”, aseguró.

Respecto al cuarto eje, referente a propuestas para un nuevo marco normativo, Medina-Mora reconoció que en el país hay una enorme dispersión, pues existen distintas penas para castigar ese delito, por lo que se acordó adoptar una Ley General del Secuestro.

Ello implicaría una modificación a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, para lo cual se deberá facultar al Congreso de la Unión para que emita una ley general en la materia, que incluya un plan de prevención en cada municipio o región y estado y mantener actualizada la radiografía nacional de ese delito, señaló.

Cuando haya sentencias por secuestro, los responsables no tendrán derecho a la preliberación, además de que estará prohibida la intervención de mediadores y asesores privados cuando éstos tengan un beneficio económico o propongan abstenerse de denunciar los hechos, es decir, que obstaculicen la actuación de la autoridad, explicó.

Además, añadió, establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar el uso ilícito de teléfonos celulares y casetas públicas en los reclusorios, así como evitar cualquier inclusión en actividades criminales de familiares o personas vinculadas a los secuestradores.

A su vez, el coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Marco Tulio López Escamilla, puso a consideración del CNSP la reforma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene 13 años de antigüedad, cuyo objetivo es reforzar a los cuerpos policiacos.

Indicó que se prevé brindar atención médica a los prestadores de servicios, becas educativas y capacitación en el uso de la fuerza pública, lo cual es de vital importancia.

Además se sancionaría a quienes hagan uso indebido de recursos destinados a la seguridad pública y, se tiene la idea de contar con un sistema integral policial, en el que tendrán cabida sólo aquellos elementos que reúnan requisitos de profesionalización y capacitación, puntualizó.

En su oportunidad, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, ofreció el apoyo de la Sedena para combatir a la delincuencia organizada y garantizó que la “Defensa Nacional se compromete a autorizar el equipamiento de las instituciones de Seguridad Pública con armas automáticas y de calibre superior (a los cuerpos de seguridad ordinarios), para que se cumplan con los compromisos establecidos en el acuerdo”.

Galván Galván recordó que mediante el oficio fechado el pasado 11 de septiembre, dirigido a los titulares de la Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública federal y Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y a cada uno de los 31 gobernadores del país se comunicó la mencionada autorización.