CD. DE GUATEMALA. La Policía Nacional Civil (PNC) redobló la seguridad en la cárcel de Huehuetenango, con el fin de evitar la posible fuga de un delincuente mexicano que participó en la matanza de 17 personas el pasado 30 de noviembre.
La directora de la PNC, Marlene Blanco, explicó que en la vigilancia también participan miembros del ejército. Blanco planteó que la medida fue tomada debido a que recibieron información de que un grupo de narcotraficantes pretende liberar al mexicano Víctor Hugo Morales.
Morales, apodado El amarillo, es el presunto cabecilla del grupo de narcotraficantes que se enfrentó a tiros el pasado 30 de noviembre en la aldea Agua Zarca, del municipio de Santa Ana Huista (Huehuetenango).
Según Blanco, los delincuentes han ofrecido un millón de quetzales (unos 135 mil dólares) a quienes ayuden a liberar al mexicano, capturado herido un día después de la matanza.
El mismo Morales quería sobornar a los agentes que lo tenían custodiado en el hospital de Huehuetenango, para que le permitieran huir, por lo que fue trasladado la semana pasada a la prisión.
Tras el enfrentamiento armado, además de Morales fueron capturados otros cuatro mexicanos y dos guatemaltecos.
Los cuatro originarios de México fueron identificados como Enrique Jaramillo Aguilar, de 33 años de edad; Carlos Alberto Jaramillo Aguilar, de 27; Blas Hernández Ayala, de 28, y Alejandro Morales González, de 28, al parecer integrantes de Los Zetas.
Entre los guatemaltecos figura un menor y una mujer.
La funcionaria dijo que se continúan con las investigaciones para esclarecer la matanza, aunque todo apunta a que se debió a una disputa por el territorio para traficar drogas.
Durante el enfrentamiento armado también resultaron heridos tres guatemaltecos, dos de ellos mujeres.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, ha admitido que los cárteles mexicanos han ocupado varios corredores de este país centroamericano y que “llevará tiempo” su recuperación.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) advirtió que los grupos mexicanos dedicados a la venta ilícita de drogas serán “dueños del país en dos años”, si las autoridades guatemaltecas no son capaces de cerrarles el paso.
