La Fiscalía para la Investigación de Delitos Contra la Seguridad de las Personas, del Distrito Federal, busca elementos de probable responsabilidad en el delito de obstrucción de la justicia en contra de Ernesto Mendieta, negociador en el secuestro de Fernando Martí.

Fuentes de la Procuraduría capitalina explicaron que desde el inicio de su intervención en el caso, ministerios públicos y agentes judiciales detectaron que el negociador recomendó a la familia Martín hacer a un lado la intervención de la autoridad.

Se explicó que las quejas, incluso fueron manifestadas por el ex Fiscal de Delitos contra la Seguridad de las Personas, Jesús Jiménez Granados, actual Jefe General de la Policía Judicial.

Otro funcionario que manifestó su inconformidad por el trato recibido por Mendieta, y su grupo de trabajo, fue del comandante Telésforo Tuxpan, encargado del área de secuestros de la Judicial.

Mendieta antes de dedicarse a la actividad privada en el área de seguridad, por medio de la empresa Aquesta Terra Comunicación, fue encargado de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de la República.

El negociador se presentó el martes ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para rendir su declaración sobre los hechos que conoció del secuestro al joven Fernando Martí.

El hijo del empresario Alejandro Martí fue privado de su libertad el 4 de junio pasado, y su cuerpo sin vida fue abandonado el 31 de agosto en calles de la colonia Villa Panamericana.

Ayer, en una entrevista de radio, el ex funcionario de la PGR explicó que nunca fue negociador en el secuestro de Fernando, y que durante su participación tuvo un trato de colaboración con el ex fiscal Antisecuestros del DF, Jiménez Granados.

Mendieta también precisó que no ha tramitado ningún amparo y que su conciencia está tranquila.

Como presuntos responsables de participar en este secuestro están detenidos y bajo un arraigo el comandante de la Policía Judicial Romero Ángel, el agente judicial Fernando Hernández Palacios, y el civil Marco Antonio Moreno Jiménez.

Los tres sospechosos cumplen un arraigo de 90 días en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional, de la Procuraduría capitalina.