QUERÉTARO. El Congreso del estado se quedó sin presidente de la Junta de Concertación Política, derivado de los conflictos que se viven en el interior del PRD, partido al que le tocaba encabezarla en esta ocasión, por lo que se buscará que sea un diputado del Partido Verde el que la presida.

El problema en el interior del PRD se ha suscitado porque sus legisladores no reconocen a su coordinador parlamentario, pues no aceptan que sea Consolación González Loyola Pérez, quien ocupe esta posición.

La legisladora ha denunciado que en lo que va del año sus homólogos le han retenido el pago de sus prerrogativas, cuya cantidad ya rebasaría el millón de pesos, presuntamente en represalia luego de que en diciembre de 2007 acusó a 24 diputados de haber recibido un bono de 150 mil pesos para que aprobaran el presupuesto estatal.

Desde mayo, la legisladora debía asumir la coordinación de la fracción del PRD en el interior de la 55 Legislatura local; sin embargo, su correligionario Martín Mendoza Villa se ha negado a firmar el acuerdo para entregarle la coordinación, por “diferencias políticas” con ésta.

En caso de que se le otorgue el liderazgo de la bancada perredista, González Loyola tendría acceso a las reuniones de la Junta de Concertación Política, que es integrada por los seis coordinadores parlamentarios del Poder Legislativo, y en donde se toman acuerdos de diversa índole.

La presidencia de la Junta de Concertación para el mes de julio le corresponde al PRD, pero ante el conflicto entre sus dos integrantes ésta no ha podido ser asumida hasta ahora.

Incluso, Consolación González Loyola ha interpuesto diversos recursos jurídicos para acceder a ese puesto, pero aún no se ha definido quién asumirá el cargo, por lo que ahora podría ser el Partido Verde quien lo detente por dos o tres meses más.

Desde el pasado lunes concluyó el periodo del priista Jaime Escobedo Rodríguez al frente de la Junta de Concertación, y desde entonces los seis coordinadores se han reunido en privado para tratar de llegar un acuerdo.

Por otra parte, se dio a conocer que el Congreso estatal no podrá conocer, sino hasta julio del próximo año, si hubo irregularidades en el proceso de construcción de obras públicas estatales, debido a que las auditorías en cuentas públicas tiene un año de retraso.

Por lo pronto, ya solicitaron oficialmente información de observaciones hechas a diversas entidades, con el fin de revisar los últimos 18 meses de las obras públicas del estado, donde se encuentran las relacionadas con vialidades y el proyecto hidráulico Acueducto II.

Aunque aseguran que no hace caso a denuncias mediante audios anónimos difundidos entre panistas, donde se escucha la presunta voz del ex alcalde Armando Rivera Castillejos criticando varias obras de las actuales administraciones, estatal y municipal, los legisladores acordaron que cada mes la Entidad Superior de Fiscalización entregue el seguimiento de las observaciones hechas.