Senadores del PAN, PRI y PRD prevén lograr en breve el acuerdo que permita concretar la miscelánea penal y la Ley de Extinción de Dominio propuestas por el presidente Felipe Calderón. El control en el uso de los teléfonos celulares y fijos para inhibir los secuestros y las extorsiones se perfila como la primera reforma de seguridad pública que se aprobará. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Zapata, informó que su comisión pasará esta reforma, ya avalada por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, antes del 2 de octubre, para turnarla a la Cámara de Diputados. Los planteamientos presidenciales también implican, entre otras cosas, la construcción de penales especiales para narcotraficantes, castigos a prestanombres, testigos protegidos y agentes infiltrados, además de crear un registro de detenidos y tipificar el delito contra la administración de justicia.

Tomás Torres, que encabeza esta negociación por parte del PRD, matizó que observa algunos puntos inconvenientes en el proyecto presidencial, como establecer en la ley el diseño preciso de los penales especiales para el crimen organizado. Sin embargo, admitió que gran parte de las iniciativas que él presentó fueron retomados por el gobierno federal. Hoy, comparecerán en el Senado el procurador general, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para informar sobre el estado que guarda la seguridad pública en el país.

Por otra parte, de acuerdo con la más reciente encuesta BGC-Excélsior, la percepción de vulnerabilidad personal y nacional ha crecido en el país tras los atentados en Morelia. Por primera vez en lo que va del sexenio, más de la mitad de los entrevistados —55%— cree que al gobierno se le están saliendo las cosas de control. Un porcentaje similar —54%— siente amenazada su seguridad personal, y ocho de cada diez encuestados creen que la seguridad del país está en peligro. No obstante, la mayor parte de la población está de acuerdo en cómo se está combatiendo al narco —64%— y más de la mitad piensa que se está logrando debilitar al hampa.

El control en el uso de los teléfonos celulares y fijos para inhibir los secuestros y las extorsiones se perfila como la primera reforma de seguridad pública que concretará el pleno del Senado de la República.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Zapata Perogordo, informó que su comisión pasará esta reforma, ya avalada por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, antes del 2 de octubre, para turnarla a la Cámara de Diputados.

Los senadores buscan incluir en este paquete de reforma al uso de la telefonía en México, la propuesta del perredista Tomás Torres para que también los teléfonos fijos se sometan a un control riguroso y se suspendan de inmediato cuando sean utilizados para delinquir.

La reforma aprobada el miércoles 10 de septiembre pasado, en la Comisión de Comunicaciones, incluye la obligación a los mexicanos de colocar su huella dactilar al momento de comprar el aparato celular, ya sea por contrato o por prepago.

Además, las empresas de telefonía celular colocarán un chip inteligente en los aparatos que contengan el número y modalidad de la línea de telefonía móvil; el nombre completo, domicilio, nacionalidad, los datos de la identificación personal con fotografía y comprobante de domicilio y la razón social y cédula fiscal, en caso de tratarse de personas morales.

Los concesionarios de telefonía celular deberán conservar durante un año toda la información relacionada con las llamadas, buzón de voz, mensajería multimedia y escrita, para estar a disposición de las autoridades federales, estatales o municipales que la requieran, previa orden de un juez.

Para garantizar la confidencialidad de la información que los mexicanos proporcionarán al utilizar un teléfono celular, los senadores integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes introdujeron en la Ley Federal de Telecomunicaciones que esta información sólo podrá ser solicitada por el ministerio público en casos de investigación, detención y enjuiciamiento por la comisión de algún delito contenido en asuntos penales.

Los usuarios estarán obligados a reportar de inmediato a la empresa que le brinda el servicio cuando se los roben o los extravíen, para que proceda el bloqueo de la línea.

“En caso de que los usuarios vendan o cedan una línea de teléfono celular a otra persona deberán dar aviso al concesionario, a efecto de que dicha línea sea bloqueada en tanto sea registrado el nuevo usuario”, precisa el dictamen aprobado.

Zapata Perogordo destacó que falta el aval de la Comisión de Estudios Legislativos para que la reforma pase a la aprobación del pleno, pero, debido a que el propio Zapata se convertirá en senador con licencia a partir del 6 de octubre, porque va a competir por la gubernatura de San Luis Potosí, se comprometió a que antes de esa fecha la Comisión que preside habrá de respaldar la reforma al uso de los celulares.

El 6 de octubre es lunes; por ello, el último día en que Zapata estará en sesión oficial del pleno o de comisiones será el jueves 2 de octubre, es decir, el aval de Estudios Legislativos deberá estar listo a más tardar ese día.