En el inicio del cabildeo en el Senado para construir una estrategia contra el secuestro, Carlos Navarrete, coordinador del PRD en la Cámara alta, aseguró que “en México todos estamos amenazados por la delincuencia organizada, no importa si eres un servidor público, empresario o ama de casa. Vivimos en este momento una emergencia como no la habíamos tenido nunca”.

El senador Tomás Torres elaboró la propuesta, con el respaldo de la Coordinación de la bancada, para que el PRD no comience con las manos vacías el proceso legislativo en busca de un andamiaje más fuerte para combatir al crimen organizado, propone obligar a los secuestradores a reparar el daño económico infligido a sus víctimas.

La propuesta consta de 15 puntos y uno de ellos plantea establecer la obligatoriedad del trabajo en prisión para garantizar la reparación del daño, la reinserción social del sentenciado o, en su caso, las consecuencias del injusto cometido.

Los perredistas proponen aumentar la pena máxima para un secuestrador de 40 a 75 años de prisión, pero cuando hayan matado a su víctima no sólo deberán ser procesados por secuestro, sino paralelamente por homicidio calificado, y además de sumar las dos sentencias, se deberá juntar los montos máximos de multa por la comisión de los delitos.

La iniciativa pretende agilizar la denuncia para activar los mecanismos de investigación contra el secuestro e impedir la reserva del expediente por falta de elementos; garantizar la coordinación entre el ministerio público federal y los ministerios públicos locales en caso de estados y municipios, incluso la misma solicitud de apoyo por parte de las autoridades estatales a las federales deberá considerarse como denuncia formal ante instancias federales.

También incluye dotar a la autoridad de recursos financieros y tecnológicos para la operación del rescate y liberación de los ofendidos por secuestro, ya que aseguran que no es posible que los cuerpos policiacos actúen ante estos delitos si carecen de la tecnología y el dinero para movilizarse.

Los perredistas pretenden materializar en la ley penal las disposiciones constitucionales en materia de comunicaciones de los inculpados por delincuencia organizada, que consiste en no permitir comunicación alguna de los reos, tanto personal como telefónica, salvo cuando se trate de su abogado.

Así como facilitar la intervención de comunicaciones privadas en casos de secuestro y la realización de cateos para fortalecer los mecanismos de investigación de las autoridades.

Por otra parte, se garantizará la continuidad del procedimiento judicial en los casos de secuestro; modificar las reglas de prescripción para avalar el debido castigo a los secuestradores; transparentar y evaluar los avances en el cumplimiento de mandamientos judiciales de aprehensión y reaprehensión.

De igual forma, se establece que en el caso de secuestro bastará que participen tres o más personas para que se sancione como delincuencia organizada. Se busca otorgar los beneficios de libertad preparatoria y condena condicional únicamente a los secuestradores que, de manera espontánea o inducida, coadyuven al rescate con vida del secuestrado y a la detención de sus cómplices y garantizar mecanismos de transparencia en materia de ejecución de sentencias.

La iniciativa será presentada ante el pleno mañana miércoles, Carlos Navarrete señaló que “el compromiso de los senadores del partido de la Revolución Democrática es que vamos a luchar contra la delincuencia organizada”.