Senadores del PRI y del PRD rechazaron la iniciativa del presidente Felipe Calderón Hinojosa para construir la Ley de Extinción de Dominio, por considerar que tiene varios galimatías jurídicos, pero decidieron tomar como columna vertebral la iniciativa del perredista Tomás Torres destinada a quitar los bienes muebles e inmuebles de narcotraficantes y secuestradores.

Alejandro González Alcocer, panista presidente de la Comisión de Justicia, precisó que el dictamen a procesarse sumará la iniciativa presidencial a la propuesta de Tomás Torres, amén de incluir las observaciones planteadas por el priista Jesús Murillo; es decir, se tratará de una reforma de consenso, construida con el punto de vista de todas las fuerzas políticas.

González Alcocer acordó con Jesús Murillo y Tomás Torres realizar la primera reunión trilateral sobre la reforma en materia de seguridad pública y justicia la tarde de hoy, cuando las tres principales fuerzas políticas conocerán el texto del dictamen.

Murillo Karam expresó ayer mismo al panista que el PRI se suma a la iniciativa de Tomás Torres, pues, al hacer un comparativo con la presidencial, encontró mayor consistencia jurídica en la del perredista, mientras que en el planteamiento de Felipe Calderón hay inconsistencias e incluso contradicciones en algunos puntos.

Pero también explicó a González y a Torres que habrá de hacérseles algunas precisiones al documento, para evitar la afectación a terceros involucrados.

Este es el segundo paso concreto que registran los senadores en esta materia, ya que el lunes de la semana pasada PRI y PAN habían superado sus diferencias en una reunión bilateral y los priistas adelantaron la necesidad de corregir el texto presidencial; ahora, la posición es basarse en el planteamiento perredista.

En entrevista, González Alcocer confió en que la reforma a la Ley de Extinción de Dominio y las adecuaciones que implica la miscelánea penal puedan presentarse ante el pleno del Senado hacia la segunda semana de octubre.

Aclaró que la reforma en materia de narcomenudeo recibirá un trato diferente, porque se trata de un planteamiento ya existente en el Senado y se trabajará de manera conjunta con la Cámara de Diputados, pues la intención es que en este mismo periodo de sesiones esté resuelto el tema de justicia y seguridad.

La iniciativa de Tomás Torres en materia de Extinción de Dominio, que regula el artículo 22 constitucional, establece que el procedimiento se seguirá de forma autónoma al método penal que lo haya motivado y deberá terminar mediante sentencia dictada por el Juez de Distrito competente, por la que se declare extinto o subsistente el dominio que una o varias personas ejercen sobre determinados bienes.

La extinción de dominio, añade, procederá sobre “derechos reales, incluyendo accesorios, independientemente de la persona que los posea o los haya adquirido por cualquier título” y destaca que “quedan a salvo los derechos adquiridos por terceros de buena fe que no están involucrados de forma alguna en el hecho delictivo del que se desprende el procedimiento”.

Propone que la extinción de dominio procederá contra los involucrados como autores o partícipes de ocho delitos federales: delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho.

Además, “podrán someterse al procedimiento de extinción de dominio todos aquellos bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, susceptibles de apropiación, así como sus frutos y rendimientos”.