CEIDAS

Uno de los factores que mayor incidencia tienen en el ejercicio y manifestaciones de la violencia en México y en todo el mundo está asociado con la posesión de armas.

En Estados Unidos el tema ha sido ampliamente debatido a la luz de la discusión sobre los derechos constitucionales del ciudadano, y aún hoy no hay un consenso.

En México, la discusión sobre la posesión de armas ha sido un tema que no ha sido suficientemente debatido, y que no forma parte de las principales preocupaciones públicas de discusión, lo que resulta por lo menos digno de llamar la atención, sobre todo ante el clima de violencia generalizada y de presencia constante del crimen organizado en prácticamente todo el territorio nacional.

En esa lógica y en el marco de la movilización ciudadana nacional a la que se ha sumado Excélsior para repudiar la violencia, el crimen y la impunidad presentes en nuestro país, CEIDAS presenta una radiografía sobre los datos disponibles sobre el tema de la presencia de las armas, las cuales son, sobra decirlo, determinantes en la comisión de crímenes de todo tipo.

El artículo 10 constitucional establece que “los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional”.

Asimismo, el artículo 31 de la Constitución establece como una de las obligaciones de los mexicanos, en su Fracción II, “(…) recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos ciudadanos, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar”.

Por su parte, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos determina en su artículo 5 que es responsabilidad de los gobiernos realizar campañas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo. La ley define igualmente que toda arma que los particulares o las personas morales adquieran deberán manifestarlas ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como se verá a continuación, uno de los retos que enfrenta nuestro país es cumplir lo establecido en estos artículos y, en general, con el marco jurídico aplicable vigente.

Una de las grandes interrogantes que existen en nuestro país es cuántas armas están en manos de civiles; y por otra parte, de cuánto armamento dispone el crimen organizado y la delincuencia común, para la comisión de actos ilícitos.

De acuerdo con el Small arms survey (Encuesta de armas cortas), de 2001, México fue catalogado a nivel mundial desde 2000 como uno de los países con mayor presencia de “tráfico hormiga de armas”, principalmente provenientes de Estados Unidos, con el dato adicional de que era desde entonces un país de tránsito de armas cortas hacia Centro y Sudamérica.

Asimismo, de acuerdo con el reporte 2005 del Small arms survey, América Latina es la región del mundo en la que con mayor incidencia las armas cortas son utilizadas para matar, lo que la convierte en la región del planeta de mayor índice de letalidad de las armas cortas.

Así, se estima que en la región existían, en 2005, entre 45 y 80 millones de armas en manos de civiles, de las cuales, considerando los rangos estimados, debido a la falta de información pública suficiente, en México había entre 3.5 y 16 millones de armas cortas en posesión de personas que no pertenecen a corporación ni militares ni de seguridad pública.

De acuerdo con estas estimaciones, en México se dio una tasa de entre 36 y 156 homicidios por cada 100 mil armas existentes.

A estas consideraciones, el Sma­ll arms survey documenta que una práctica común en toda la región es que las armas de las policías van a parar en un alto número a manos de delincuentes.

Debe considerarse que si estos datos son en sí mismos preocupantes, en el reporte 2006 del Small arms survey desarrolló un índice de transparencia internacional para el manejo de armas cortas, en el que estableció una puntuación máxima de 25 y mínima de cero.

Los países más transparentes en ese tema fueron Alemania y Estados Unidos. Los menos transparentes, Israel, Irán y Corea del Norte.

En este barómetro, México obtuvo sólo nueve puntos de transparencia en el manejo y control de armas pequeñas, lo que refleja la inexistencia de información de calidad con respecto al registro oficial de armas, disponibilidad pública de esa información, claridad de los datos y frecuencia regular en la emisión de datos sobre el tema.

Así, lo más detallado que se encuentra en México son informes administrativos o informes entregados a instancias internacionales.

De este modo, en 2005 en el Informe del gobierno mexicano sobre la aplicación del programa de acción de la ONU para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, se documentó un decomiso por parte de la Administración General de Aduanas de sólo dos mil 653 armas en el año referido.

Asimismo de acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno de la administración 2000-2006, así como del Primer Informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 2007—, entre diciembre de 2000 y diciembre de 2007, en México se ha logrado un aseguramiento de 54 mil 647 armas, entre largas y pequeñas, frente a un registro legal, entre 2000 y 2006, de sólo cinco mil 70 armas de fuego.

De acuerdo con el Small arms survey 2007 y 2008, México continúa siendo un país que mantiene una alta opacidad en el manejo de la información con respecto al total de armas disponibles.

En el barómetro elaborado para 2007, México obtuvo 10.5 puntos de 25 máximos, situándose como uno de los países con menor calidad en el manejo de la información sobre este tema.

El asunto es delicado, pues la relación de la disponibilidad de armas con la comisión de delitos es evidente, y sobre todo, garantiza altos grados de impunidad.

En esa lógica, México es hoy considerado como uno de los países con prácticas irresponsables en el registro y control de armas cortas que, como ya se dijo, en nuestro país son las de más alta letalidad.

Así, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad 2006, elaborada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), que preside Luis de la Barreda, se estima que en ese año se cometieron más de 13 millones de delitos.

Y de acuerdo con el Atlas Delictivo del Fuero común, 1997-2006, elaborado igualmente por el ICESI, en México se comete “oficialmente” un delito cada 22 segundos; del total de delitos cometidos, más de seis mil 500 fueron secuestros en el periodo del estudio, lo que da un promedio de 17 secuestros al día, y en todos estos casos se presume la utilización de armas de fuego.

En general, se estima que en 80% de los delitos cometidos en todo el país se utilizan armas de fuego, predominantemente armas cortas.

De esta forma, de acuerdo con Oxfam Internacional, cerca de 65% de los homicidios que se cometen en el país son por arma de fuego, lo que nos convierte, de acuerdo con la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas en el décimo cuarto país a nivel mundial en cuanto a la tasa de homicidios por arma de fuego se refiere.

Al respecto, es de destacarse que, de acuerdo con el documento del INEGI Mujeres y Hombres 2008, en el año 2006 se registraron a nivel nacional 10 mil 454 homicidios, de los cuáles nueve mil 145 víctimas fueron hombres y mil 298, mujeres.

Asimismo, de acuerdo con la ya mencionada Encuesta Nacional de Seguridad, en las 16 ciudades evaluadas, dos de cada 10 personas han sido víctimas de algún delito en algún momento de su vida, aunque en el Distrito Federal la prevalencia se incrementa a tres de cada 10.

Además de esto, se detectó que la mayor probabilidad de ser víctima del delito está en el grupo de edad que va de los 20 a los 29 años.

Por otra parte, de acuerdo con esta Encuesta, México registra una de las tasas más altas de robos con violencia cometidos con arma de fuego en el mundo (30%), así como el mayor porcentaje de agresiones con arma de fuego (16%), seguido de Estados Unidos e Irlanda (ambos con 6%).

Debe destacarse que de acuerdo con la misma encuesta, más de 60% de los delitos cometidos en el país son “robos a transeúntes”

La opacidad e insuficiencia de la información sobre la disponibilidad de armas de fuego, la alta incidencia delictiva en la que se utilizan estas armas, así como la enorme impunidad que priva en todo el país, ha traído como consecuencia un contexto de polarización y crispación social que puede llevar a consecuencias por nadie deseadas.

Así, de acuerdo con la encuesta de Mitosfky, de febrero de 2007, sobre la opinión de las personas con respecto al incremento de penas para delitos graves, se identificó que 89% de los encuestados se mostró de acuerdo en que los ciudadanos se hagan justicia por su propia mano; y otro 26% declaró que estaría de acuerdo con que las personas contaran con armas para su defensa.

Y aun cuando estas dos opciones fueron consideradas como las de menor prioridad de 10 alternativas posibles, llama la atención que las personas ya estén considerando como una opción la vía de la justicia personal para la garantía de su seguridad.