Las mafias dedicadas al secuestro operan en las 32 entidades del país; en las próximas 24 horas se denunciará, por lo menos, la captura de un civil por el que se pide una cuantiosa suma por su liberación.

Los comerciantes, entre 16 y 30 años de edad, son los principales blancos de plagiarios, quienes valoran la vida de un ser humano en 14 millones de pesos, en promedio.

Un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), al que Excélsior tuvo acceso, revela que ocho mil 416 personas han sido víctimas de secuestro del 1 de enero de 1994 hasta el 31 de marzo de 2008.

En el análisis estadístico del informe 2210300006908 se destaca que las autoridades ministeriales del fuero común reciben 1.6 denuncias por el delito de privación ilegal de la libertad, en promedio diario.

Las organizaciones delictivas han convertido al estado de Tlaxcala en el mayor centro de victimización; el documento señala que en 2006 se reportaron 270 casos en los que estos grupos esperaban obtener recursos económicos por la liberación de una persona.

Autoridades ministeriales de esa entidad reportaron que, en 2007, continuaron los secuestros y el número de denuncias se estableció en 164; durante los primeros tres meses de 2008, esta actividad ilícita no ha logrado inhibirse ya que se registraron 41 plagios en ese periodo.

En el documento se advierte que este tipo de organizaciones han focalizado su operación en el centro del país; la Ciudad de México se encuentra en el segundo lugar de mayor incidencia delictiva.

Las autoridades capitalinas iniciaron 118 investigaciones por la privación ilegal de la libertad de una persona, durante 2007; en el primer trimestre de este año se denunciaron 30 casos más.

Diversos análisis de inteligencia de la Policía Federal refieren que, los secuestradores aprovechan la infraestructura de comunicación vial, la extensa área territorial y la densidad de población, para intentar ocultar sus actividades.

Esta estrategia delictiva mantiene al Estado de México en el tercer lugar de mayor incidencia de secuestros; en los últimos 15 meses se han denunciado 66 casos de secuestro.

De manera consecutiva de ubica en la lista de plagios a Michoacán, con 45 casos, en el mismo periodo; Guerrero, con 32 denuncias; en Baja California se denunciaron 29 secuestros; las autoridades ministeriales de Aguascalientes también reportaron 29 investigaciones; en Tamaulipas se tienen 26 expedientes; en Sinaloa 17; en Jalisco 16; y en Chiapas 14.

El delito de secuestro, según un informe interno de la Policía Federal, inició su operación en México con el objetivo de obtener recursos económicos sin que se pusiera en riesgo la seguridad de los integrantes de la organización.

Sin embargo, esta actividad se ha diversificado y los grupos del narcotráfico se han involucrado para financiar sus operaciones de traslado y protección de cargamentos.

En el seguimiento de esta estrategia delictiva, reconoce el informe al que Excélsior tuvo acceso, se ha detectado que los delincuentes tienen en un amplio margen de maniobra; circulan en vehículos sin matrícula de circulación, con vidrios polarizados e incluso disfrazan sus operaciones con insignias oficiales.

Utilizan aditamentos como tumbaburros, burbujas, luces estroboscópicas e incluso patrullas clonadas, así como insignias apócrifas, placas o engomados con el escudo nacional.

Los archivos detallan que así operan, por ejemplo, los integrantes del cartel liderado por la familia Arellano Félix; los reportes señalan que en este tipo de delitos, lo más importante no es obtener un rescate aunque de paso aprovechan la ganancia sino asesinar a la víctima y mantener cierta hegemonía de su grupo sobre algunas áreas geográficas.

Por lo general, los afectados por estos secuestros no son liberados con vida. Dada la naturaleza de este tipo de delitos y en virtud de que las víctimas son integrantes de grupos antagónicos dedicados a actividades ilícitas, no todos son denunciados a las autoridades locales o federales.

Los informes policíacos detallan que hoy los mismos padres, esposas y demás familiares que anteriormente se oponían a cualquier desviación en la conducta de sus hijos, ahora participan conjuntamente con ellos en las diferentes etapas del delito, además de colaborar en la renta de las casas y departamentos habilitados como casas de seguridad.

Entre el 85 y 90 por ciento de las casas de seguridad son rentadas con esta finalidad, utilizando para ello documentos apócrifos.