Al cumplirse un plazo de 30 días hábiles, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) dio a conocer un “dictamen parcial” sobre el Régimen de Protección Especial al Maíz, en el que le solicita a la Secretaría de Agricultura “analizar de manera puntual y precisa” las opiniones de particulares emitidas durante el proceso de consulta pública.

Del 4 de abril al 21 de mayo pasados, la Cofemer recibió un total de seis mil 760 comentarios a favor y en contra de este instrumento jurídico necesario para resolver las solicitudes de permisos de liberación de maíz genéticamente modificado.

Como nunca antes, los interesados enviaron correos electrónicos para exponer sus puntos de vista sobre un tema que continúa generando polémica.

“Por ello, se solicita a la Secretaría de Agricultura analizar, de manera puntual y precisa, los argumentos vertidos en los escritos mencionados, a fin de que, en su caso, aquellos que resulten pertinentes sean tomados en consideración”, destaca la resolución.

En el documento firmado por Alfonso Carballo Pérez, coordinador general de Mejora Regulatoria Sectorial, se atiende una de las principales preocupaciones del grupo ambientalista Greenpeace sobre la falta de inspección en las zonas donde existe “contaminación transgénica”.

Según un reporte elaborado en 2007 por Gene Watch, Reino Unido y Greenpeace Internacional, México ocupa el octavo lugar mundial con 8 casos confirmados de contaminación por organismos genéticamente modificados (OGM), en el DF, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa.

Aleira Lara, coordinadora de la Campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace, indicó que antes de autorizar cualquier siembra de maíz genéticamente modificado, deben atenderse las zonas donde existe presencia de OGM cultivados de manera ilegal.

La Cofemer abordó también, de manera particular, la inquietud de la industria biotecnológica por la prohibición para cultivar maíz transgénico que “contenga características que impidan o limiten su uso alimentario”.

Al respecto, la autoridad señaló que la Secretaría de Agricultura debe aclarar si la liberación de maíz genéticamente modificado para fines farmacéuticos es un asunto de su competencia o corresponde a la Ley General de Salud, ya que su siembra se realiza a partir de procesos confinados.

Una vez que la Sagarpa atienda las observaciones giradas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria se podrá presentar una nueva versión del Régimen de Protección Especial al Maíz.