Para combatir el secuestro en México es necesario instaurar la figura de concurrencia competente, es decir, permitir que las autoridades federales actúen en cualquier lugar que se presente el plagio, sin vulnerar la soberanía de los estados.

Esa esa la propuesta que el 6 de marzo de 2002 presentó un grupo de diputados del PRI, encabezados por José Romero Apis, ante el pleno de la Comisión Permanente, para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

“De esta manera se pretende darle al Ministerio Público y a la Policía Judicial Federal facultades en materia de delincuencia organizada que carecen. Es una figura nueva, la competencia concurrente, porque en nuestro país solamente han existido las competencias excluyentes: lo que es de la Federación no es de los estados y viceversa”, explicó Romero Apis en entrevista con Excélsior.

“Por primera vez estamos tratando de incorporar en nuestro sistema de derecho una competencia dual, una competencia que simultáneamente sea de la federación y de los estados con el objeto de sumar fuerzas y esfuerzos en torno a un aspecto criminógeno que tiene acorralada a la sociedad mexicana y a sus autoridades”, indicó.

En la exposición de motivos, la iniciativa señala que los secuestradores han desbordado la competencia de las autoridades locales de diferentes maneras: en primer lugar, por su movilidad, pues el traslado del delincuente de una entidad a otra dificulta y hasta imposibilita la secuencia de una investigación.

En segundo lugar, las procuradurías de los estados en muchas ocasiones son muy pequeñas. Están mal equipadas, pobremente presupuestadas y poco tecnificadas, por lo que “creemos que los equipos de élite que la Federación pueda incorporar vendrán a suplir estas deficiencias locales”.

En tercer lugar, puntualizó, ha habido un desbordamiento moral, “que no podemos negar, aunque sí lamentar”, debido a que en muchas ocasiones las mismas autoridades están comprometidas con organizaciones criminales.

Romero Apis explicó que la inicitiva sigue vigente, por lo que puede ser retomada por el Poder Legislativo.

Puntualizó que al instaurar la figura de concurrencia competente “se pretende darle a la autoridad investigadora, es decir, al Ministerio Público y a la Policía Judicial Federal, facultades en materia de delincuencia organizada que actualmente no tienen.