Productores del campo presentarán una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por el retraso de más de 220 días en el establecimiento de reglas claras para la siembra experimental, piloto y comercial de maíz transgénico.

“Vamos a actuar denunciando ante la Función Pública a los responsables de que no existan normas que permitan el cultivo de maíces transgénicos”, adelantó Carlos Salazar, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM).

El dirigente de la CNPAMM no descartó la posibilidad de iniciar procesos administrativos contra los propios titulares de la Secretaría de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira Quesada y de la Secretaría de Agricultura, Alberto Cárdenas.

“No dudamos que los secretarios de cada ramo estén involucrados; nosotros estamos con la asesoría jurídica analizando en este momento las demandas”, precisó.

El Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, publicado el pasado 19 de marzo, ordenaba que en un máximo de 60 días, la Semarnat y la Sagarpa establecieran un Régimen de Protección Especial al Maíz.

Hasta la fecha no existe este instrumento jurídico que tiene como objetivo imponer medidas que permitan sembrar maíces transgénicos, sin mezclarse con las 59 razas nativas que hay en México.

En conferencia de prensa, Carlos Salazar responsabilizó al gobierno del presidente Felipe Calderón de la siembra ilegal de maíz transgénico detectada en Chihuahua.

Aseguró que la “pasividad y mojigatería” de la administración federal retrasa el uso de la biotecnología porque le tienen más “miedo” a profesionales del “oscurantismo” como Greenpeace, que a los verdaderos trabajadores del campo.

Salazar Arriaga acusó a Alberto Cárdenas de “hostigar, criminalizar y satanizar a los compañeros que sembraron transgénicos” como una medida desesperada por incrementar los rendimientos.

“Lo que va a suceder es que se van a seguir multiplicando las siembras de organismos genéticamente modificados y en lugar de que el gobierno cumpla con su responsabilidad de emitir reglamentos específicos, va a provocar un enfrentamiento entre productores y ambientalistas”, alertó.