En nuestro país se podría investigar o sujetar a un proceso penal a Lucía Morett, la estudiante de filosofía que sobrevivió a un bombardeo cuando se encontraba en un campamento de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), ocurrido el 1 de marzo pasado.

Ello, luego de que este miércoles un juez federal rechazó concederle una suspensión definitiva a la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien intentaba obtener la protección de la justicia federal contra cualquier orden de aprehensión omandamiento judicial.

Fuentes de alto nivel del Poder Judicial informaron que la resolución fue emitida por la titular del Juzgado XII de Distrito en Materia de Amparo, Josefina del Carmen Mora, quien notificó a los representantes legales de Morett sobre la negativa de amparo.

Las fuentes consultadas señalaron que este fallo consta en el expediente 00541/2008, el cual se inició a petición de Lucía Morett; el pasado 12 de junio, detallaron, la impartidora de justicia concedió, en primera instancia, la suspensión provisional.

Sin embargo, al analizar los elementos del caso se determinó que los argumentos no eran válidos; con esta acción, las autoridades de procuración de justicia no tendrían impedimentos legales para proceder contra Lucía Morett.

Hay que recordar que, el pasado 24 de mayo, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos en las que se incluía una lista con los nombres de 16 mexicanos vinculados a las FARC.

Por este mismo caso algunos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, se encuentran protegidos contra cualquier acción judicial al conocer que se les acusa, en la PGR, de mantener vínculos con las FARC y de participar en actos de delincuencia organizada.

Los estudiantes de la UNAM que se encuentran protegidos por la justicia federal son: Mariana López, Desiré Robledo, Miguel Ángel Aguilar, Margarita Villanueva y Fermín García.

Estos cuatro jóvenes son integrantes de la cátedra Libertador Simón Bolívar, de la cual también es integrante Lucía Morett y los cuatro mexicanos que murieron en el ataque del Ejército colombiano al campamento de las FARC, en territorio ecuatoriano, el pasado 1 de marzo.

La medida cautelar fue promovida por el equipo de abogados de Rosario Ibarra, senadora por el PT, quienes consideron que se ha iniciado una persecución contra estudiantes y activistas sociales.

La PGR mantiene abierta una averiguación previa, iniciada el pasado 4 de marzo, con base en el artículo 4 del Código Penal Federal relativo a delitos cometidos por o en contra de mexicanos en el extranjero, así como por delincuencia organizada.