En vísperas de que inicie la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, los coordinadores de las bancadas en San Lázaro buscan llegar a un acuerdo sobre cuántas serán las preguntas parlamentarias que se podrán hacer.

Luego de que se aprobó la reforma constitucional que establece el cambio del formato del Informe Presidencial, los legisladores podrán hacer preguntas a los funcionarios responsables de cada área del gobierno federal, quienes deberán decir la verdad.

Aun cuando la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no se ha puesto de acuerdo sobre el calendario de comparecencias, el PRI propuso que inicie el jueves con los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, así como el procurador General de la República.

El presidente de la Junta, Javier González Garza, dijo que lo único claro respecto a las preguntas parlamentarias es que los grupos legislativos serán los responsables de formularlas, pero no se sabe aún cuantas serán.

En entrevista, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aclaró que no hay una ley que rija eso, por lo que deberán llegar a un acuerdo en torno al número de preguntas o si se harán con base en el principio de proporcionalidad.

Ejemplificó que si la bancada de Alternativa, que es menor en número de integrantes que la del PAN, hace cuatro preguntas y Acción Nacional la misma cantidad, o por su tamaño los panistas pueden hacer más cuestionamientos.

En entrevista, González Garza aclaró que las preguntas parlamentarias se harán después de las comparecencias y de la Glosa del Informe.

Por separado, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Larios Córdova, comentó que aún no está definido el calendario para las comparecencias, ni tampoco lo relativo al número de preguntas parlamentarias que se podrán hacer.

En su oportunidad, el vocero de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Enrique Benítez, señaló que aún no se legisla sobre el formato de la pregunta parlamentaria, por lo en esta ocasión se tendrá que acordar en la Junta de Coordinación Política.

Indicó que tampoco se ha establecido cuál podría ser la sanción para el secretario de Estado o el director de un organismo público descentralizado que no responda con la verdad.

Sin embargo, "la sanción moral por sí misma, frente a la sociedad, ante el Congreso y frente a los mexicanos de reconocer que no se condujeron con la verdad, podría costarles no sólo su honor sino incluso su cargo", advirtió.

egc