El presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez-Icaza, sostuvo que México es víctima del esquema de comercialización absoluta y de abuso salvaje de los laboratorios productores de medicamentos para el tratamiento del VIH/Sida.

En el marco de la 17 Conferencia Internacional sobre el Sida, el cual se realizará del 3 al 8 de agosto en la ciudad de México, el funcionario lamentó el enorme costo que para el país ha tenido el abasto de fármacos retrovirales.

Habló del dilema del Estado, desde su perspectiva de garantizar derechos a las personas, a diferencia de los laboratorios que en su lógica sólo tienen clientes y sostuvo que en los últimos tres años México ha invertido cinco mil millones de pesos en medicamentos.

"Apelamos a formar parte del Fondo Estratégico que tiene la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adquirir medicamentos más baratos, pero los laboratorios se negaron a venderlos al país bajo ese esquema", aseguró.

El costo fue superior a 480 millones de pesos, esto es, 60 por ciento de lo que ONUSIDA pide que el país invierta en prevención; esa cantidad significa la vida de muchas personas, señaló el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Alvarez-Icaza Longoria llamó a los organismos internacionales a poner límite a esta acción depredadora, y a que el Estado mexicano ejecute acciones, como la consideración de los medicamentos genéricos de calidad y cantidad suficiente.

Es necesario garantizar el derecho a la salud de las y los ciudadanos infectadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y las que viven con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), afirmó el ombudsman.

Dijo que esta epidemia que tiene 25 años, ha tenido en el centro de su problemática la negación de los derechos de los portadores del VIH, por la inhibición que genera la discriminación para reconocernos como iguales en el ejercicio pleno de los derechos.

Ahí, agregó, toma forma la construcción de una cultura de derechos humanos en una sociedad que en ocasiones se torna cínica, con una doble moral; incapaz de reconocer el ejercicio de derechos, que apela a esquemas medievales que impiden reconocer la diferencia entre derechos sexuales y derechos reproductivos.

azc