La comandancia general del Ejército Popular Revolucionario (EPR) condenó el secuestro y homicidio de Fernando Martí, de 14 años de edad, y aprobó que se aplique a los secuestradores la cadena perpetua.

Sin embargo, el grupo armado exigió la misma pena carcelaria a los involucrados en crímenes de lesa humanidad de los cuales son víctimas los luchadores sociales, principalmente de Guerrero y Oaxaca, en los que se incluye a los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

“Si con el infamante asesinato del niño Fernando Martí, el Sr. Calderón retoma su iniciativa para que se aplique la pena de muerte o la cadena perpetua, esperamos que también así envíe su iniciativa de ley para que los responsables de los delitos de lesa humanidad que se cometen en contra de los luchadores sociales pagaran con la misma pena.”

Quienes cometen estos delitos, según el grupo armado, “tienen nombre y apellido, empezando por los gobernadores: Ulises Ruiz, de Oaxaca; Mario Marín, de Puebla; Eduardo Bours de Sonora; Juan Manuel Oliva de Guanajuato; por poner algunos ejemplos”, señala el comunicado.

La guerrilla refiere que desde la década de 1960 no se tiene conocimiento de la aplicación de castigos a los responsables de homicidios o detenciones extrajudiciales de diferentes luchadores sociales.

Consideran que el gobierno federal ha “solapado” diversos ataques a la sociedad civil y ello ha generado que, aun en estas fechas, continúen esas prácticas con el respaldo gubernamental.

“Hoy, en el caso de nuestros compañeros desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, han puesto en libertad al subdirector operativo de la Policía Ministerial del Estado, Pedro Hernández Hernández, y a su chofer el agente Ángel Reyes Cruz, porque no se presentaron pruebas contra sus defendidos”, como declarara su abogado.

“La Procuraduría General de la República, encabezada por Eduardo Medina-Mora, quien al igual que Ulises Ruiz Ortiz sabe perfectamente la responsabilidad de los anteriores arraigados y quiénes son del grupo paramilitar que comanda Jorge Franco, ligados estrechamente a la delincuencia organizada.

“En lugar de ponerlos a la disposición del Ministerio Público con un expediente bien elaborado y fundamentado, los premian con el manto de la impunidad y a algunos hasta con puestos políticos”, señaló el EPR.

En el comunicado el grupo armado reiteró que el gobierno federal debe reconocer a la comisión de intermediación, integrada por ocho defensores de los derechos humanos, para entablar un diálogo ya que podría reiniciar la campaña de hostigamiento.