Los diez meses que Juan Camilo Mouriño estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob) resultaron clave para la administración de Felipe Calderón.

La operación política permitió sentar las bases para concretar la reforma energética, consolidar la reforma de seguridad y justicia, y desactivar conflictos sociales.

A pesar de dedicar gran parte de su tiempo a defenderse de las acusaciones en su contra por los contratos de la empresa de su familia con Petróleos Mexicanos, Mouriño Terrazo comenzó a operar para consolidar la principal encomienda que le hizo el presidente Felipe Calderón, la reforma energética.

Así, junto con su equipo de trabajo inició una serie de reuniones y encuentros con líderes de partidos políticos, legisladores, expertos, empresarios y miembros del llamado “gabinete energético”.

Desde entonces se llevó a cabo una reunión semanal a la que acudían los secretarios de Energía, Georgina Kessel; de Hacienda, Agustín Carstens, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles.

Paralelamente, se encontraba con German Martínez, líder nacional del PAN y los coordinadores parlamentarios del blanquiazul, en la Cámara de Diputados y el Senado, así como otros legisladores panistas.

Al final la operación política rindió frutos y la reforma a Pemex se aprobó, a pesar de que la iniciativa enviada por el Ejecutivo sufrió modificaciones.

Esto le valió el reconocimiento presidencial, durante el homenaje que se le rindió en el Campo Marte, el pasado 6 de noviembre.

“Su labor fue fundamental para avanzar en diversas reformas, entre ellas la reforma en materia de Seguridad y Justicia, o la reforma para el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos.”

Mouriño Terrazo se dio tiempo para dar punto final al conflicto magisterial que se registró en Oaxaca a finales de la administración de Vicente Fox, dando fin a una serie de reuniones que se prolongaron por más de dos años, con la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en esa entidad.

Fue así como el 7 de junio atestiguó en el salón Juárez del Palacio de Cobián la firma de tres convenios entre la dirigencia del gremio y los inconformes.

Igualmente su intervención fue fundamental en el conflicto magisterial que se registró en el estado de Morelos. Sostuvo reuniones con Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación, y con el gobernador de la entidad, Marco Antonio Adame, e instruyó a Abraham González, subsecretario de Gobierno, para que la Segob sirviera como intermediaria entre maestros y autoridades.

Como cabeza del gabinete de Seguridad Nacional, Mouriño Terrazo mantuvo reuniones de trabajo con los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como con los titulares de la PGR y el Cisen, de manera permanente.

Desmintió los rumore sobre supuestas desavenencias entre los encargados de la seguridad pública , la procuración de justicia y la seguridad pública.

De igual forma, la Segob se involucró en el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el pasado 21 de agosto. De hecho, la dependencia está en el proceso de entrega de información para la evaluación de los avances en los primeros 100 días del Acuerdo.

Bajo la administración de Mouriño, el gobierno federal se abrió al diálogo con el EPR.

“Para el gobierno federal es fundamental dejar atrás las acciones que han dañado el patrimonio que es de todos. Es un propósito indeclinable, por mandato de ley y por principio, exhortar a esa organización a establecer un diálogo amplio, pacífico y civilizado que permita avanzar en una agenda común”, aseguró el titular de Segob, el 29 de abril de este año.

Falto el Cisen

La seguridad nacional sigue siendo asignatura pendiente para la Secretaría de Gobernación:

Durante los 10 meses que Juan Camilo Mouriño estuvo al frente de la dependencia, no se reportaron avances en la reestructura interna del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de acuerdo con su segundo informe de labores.

En dicho documento sólo destaca un listado de avances en materia de actualización de instrumentos legales, coordinación internacional y mejora del desempeño institucional. Sin embargo, no existe un reporte de las acciones llevadas a cabo para que el Cisen alcance la eficiencia que se demandó desde el año 2007, luego de los atentados perpetrados por el EPR en contra de instalaciones de Pemex.