La directora para Latinoamérica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Rebeca Grynspan, dijo ayer que los programas para paliar los efectos de la crisis económica basados en el desarrollo de infraestructura no son suficientes para proteger a mujeres y jóvenes, quienes son los primeros en ser despedidos de sus empleos por la recesión económica.

La funcionaria advirtió que América Latina tendrá un próximo año muy duro y no será inmune al aumento en los precios de los energéticos y alimentos, la crisis de los sistemas financieros y la agudización de los efectos del cambio climático. Estos problemas podrían impedir que la región logre los Objetivos del Milenio, relacionados con el combate a la miseria y la falta de acceso a servicios básicos.

De acuerdo con el organismo, los principales peligros están en un retroceso en la calidad de la alimentación de la población y un consecuente aumento en la desnutrición, el incremento del número de mujeres que mueren por complicaciones en el embarazo y el abandono de estudios de niños y adolescentes.

Pero el efecto más inmediato será la pérdida de empleo, y aunque la mayoría de los gobiernos, el de México incluido, ya preparan programas para la creación de trabajo, las estrategia que predomina es la ampliación de la infraestructura, sin embargo la mayoría de los trabajos que genera son para varones adultos.

Por otra parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), firmó ayer un convenio de colaboración con el Tribunal Superior Agrario (TSA).

El acuerdo impedirá que las campesinas y las colaboradoras en los 49 tribunales agrarios del país, sean discriminadas en caso de embarazarse.

La directora del DIF, Cecilia Landerreche, sostuvo que se están sentando las bases para entregar todo el apoyo necesario, por lo que “nos comprometemos a tratar a las mujeres de manera particular y minuciosa para darle a cada cual el servicio, acompañamiento y asesoría que requieran, ya sea con el apoyo sicológico, la atención médica, canalización y apoyo de todo tipo”.

Por su parte, el presidente del TSA, Ricardo García Villalobos, agradeció el apoyo del DIF y señaló que en los tribunales que atienden las demandas del campo, 52 por ciento del personal lo constituyen mujeres.