Los poderes Ejecutivo y Legislativo federales arrancaron ayer desde temprano el trabajo de coordinación para dotar a México de mejores herramientas para el combate al crimen organizado, a partir de la creación de leyes y la construcción del Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad.

Por la mañana, el gabinete de Seguridad Nacional, que encabeza Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, pidió a los líderes de las Cámaras de Diputados y Senadores su apoyo para poder concretar las reformas necesarias en materia de seguridad y justicia.

En esta reunión, el secretario de Gobernación hizo énfasis en la necesidad de contar con el acompañamiento del Poder Legislativo, con el propósito de continuar los cambios legales necesarios, a fin de asignar recursos presupuestales suficientes y vigilar, a través de la Auditoría Superior de la Federación, la correcta aplicación de los mismos.

Más tarde, Ulises Ramírez, coordinador de asesores de Juan Camilo Mouriño, acudió al Senado, junto con el subsecretario de Enlace Legislativo, Cuauhtémoc Cardona, para abrir el diálogo con legisladores federales.

Ulises Ramírez Núñez y Cuauh-témoc Cardona se reunieron a puerta cerrada con los senadores panistas Alejandro González Alcocer, Ricardo García Cervantes y Alejandro Zapata, quienes conforman el equipo de Acción Nacional en la construcción de las leyes en materia de seguridad y justicia, junto con los priistas Jesús Murillo Karam, Pedro Joaquín Coldwell y en breve con el perredista Tomás Torres.

Ramírez Núñez y Cardona Benavides comunicaron oficialmente a los panistas, que por acuerdo del gabinete de Seguridad, el Ejecutivo Federal enviará en breve al Congreso de la Unión iniciativas de reforma a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

También explicaron a los legisladores que enviarán iniciativas para la creación de tres nuevas leyes: una referente a la extinción de dominio, otra para crear las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otra para los procedimientos policiales.

Los funcionarios federales insistieron en que el Senado debe dictaminar la propuesta presidencial para castigar con prisión vitalicia a los secuestradores, pero los panistas les respondieron que no existen los consensos suficientes para sacar esa reforma con el PRI y el PRD, aunque estas dos fuerzas políticas han expresado su disposición a trabajar para combatir en verdad la impunidad.

González Alcocer, García Cervantes y Zapata Perogordo informaron a los enviados de la Secretaría de Gobernación que desde mayo trabajan con el PRI en el entramado de leyes secundarias que hagan realidad la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública, y que la tarde del martes acordaron reformar 14 leyes y crear tres más, así como hacer una revisión de los pendientes desde el gobierno de Ernesto Zedillo.

Al concluir la reunión en Xicoténcatl, Ulises Ramírez adelantó que en breve se reunirá con los senadores y diputados del PRI y el PRD para analizar estos temas.

“La indicación es darle a este tema un sentido de urgencia y está claro que el clamor social es que hagamos a un lado las diferencias políticas para acabar con la delincuencia”, destacó.

Antes, Santiago Creel, presidente del Senado, quien junto con Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, se reunieron con el gabinete de Seguridad, encabezados por Juan Camilo Mouriño, informó que es inminente la firma del Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad.

Ayer, también el pleno de la Comisión Permanente remitió a las comisiones del Senado la excitativa presidencial para que dictaminen la prisión vitalicia a los secuestradores y turnó a diputados la reactivación de esta misma iniciativa, como lo propuso el mandatario federal.

En tanto, el senador priista Carlos Jiménez presentó una iniciativa para castigar con 80 años de cárcel a los policías que se involucren con el crimen organizado.

Por su parte, Ruth Zavaleta entregó ayer al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, una propuesta de diez puntos —que hoy será puesta a consideración del grupo parlamentario del PRD— para lograr un acuerdo político nacional contra la delincuencia.

El documento señala que todas las instancias gubernamentales tienen la responsabilidad de cuidar de la seguridad. Sobre todo de las acciones preventivas de carácter policial y social “porque en ello radica la prevención del delito”.

En otro punto señala que la coor-dinación en materia de seguridad debe estar encabezada por los niveles más altos de gobierno.

No deja en segundo lugar la imperiosa necesidad de realizar una profunda reforma de los cuerpos de seguridad, tampoco que se creen destacamentos de policías de proximidad que, paulatinamente, vayan siendo la principal estructura de funcionamiento de las corporaciones.

“La policía de proximidad implica modificaciones sustanciales en la misión, visión, estructura, organización, metodología, operación, evaluación y en general en el quehacer tradicional de las corporaciones policiacas”, explica la propuesta.

En conferencia de prensa, Ruth Zavaleta, explicó que este plan lo ha venido trabajando desde hace ocho años con el senador René Arce.