Decidido a no dejar que los estudiantes lo pusieran contra la pared, por un interés político, como lo denominó, hace diez años el entonces rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, tomó una de las primeras decisiones que a la postre se convirtió en uno de los motivos que unificaron a los activistas para cerrar diez meses la máxima casa de estudios.

El rector decidió turnar al Tribunal Universitario a dos estudiantes que promovieron e impusieron un paro de actividades en varias escuelas y facultades de la UNAM el 11 de marzo. El 22 de marzo de 1999, frente a lo que comenzaba a convertirse en un conflicto grave, mil 220 profesores del CCH y 25 alumnos que integraron el grupo Deber Universitario: Análisis y Crítica, anunciaron que iban a tratar de evitar el paro de actividades programado por los estudiantes inconformes con el aumento de las cuotas.

El 23 de marzo de 1999, los activistas retaron al rector y volvieron a parar las actividades en 22 de 36 escuelas y facultades, lo cual dejó sin clases a 130 mil estudiantes.

Mientras, en la Cámara de Diputados la fracción del PRD propuso que el rector Francisco Barnés compareciera ante el pleno para explicar con detalle y a la brevedad los criterios adoptados para el aumento de cuotas, al tiempo que el PRI y el PAN salieron en defensa del incremento autorizado por el Consejo Universitario.

Barnés de Castro llamó a los estudiantes a asistir a clases y a “defender sus puntos de vista” frente a los activistas, y diferentes directores de escuelas y facultades advirtieron que iban a aplicar sanciones, pero los estudiantes acordaron suspender actividades, incluso en dependencias tradicionalmente indiferentes a estas actividades, como las facultades de Contaduría, Química y Medicina.

Las autoridades centrales de la UNAM arrancaron una campaña de información con los costos de las cuotas en cada una de las 34 universidades públicas estatales, donde se observa que la UNAM se convirtió, con el aumento de cuotas, en la octava más cara del país.