TUXTLA GUTIÉRREZ.— En menos de siete meses, el Poder Judicial de la Federación reforzó la protección de jueces y magistrados amenazados por el narcotráfico, principalmente en los estados de Sinaloa y Tamaulipas.

En entrevista, Elvia Díaz de León, consejera de la Judicatura Federal, reveló que actualmente hay “más de 30 jueces y magistrados” con protección especial, es decir, por lo menos cinco más de los que había en febrero de este año.

Son siete las entidades con jueces amenazados por el narcotráfico: Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Estado de México y Distrito Federal, plazas controladas por organizaciones como la de los hermanos Arellano Félix, el cártel del Golfo, el cártel del Milenio y el de Juárez.

De estas entidades, en los últimos siete meses destaca Sinaloa, pues su capital “se volvió también un lugar de alta peligrosidad”.

Con respecto a los atentados en Morelia, Michoacán, la funcionaria del Poder Judicial indicó que los jueces y los magistrados de esa entidad no han solicitado protección. Sin embargo, reveló que están atentos de lo que pudiera suceder en Uruapan, debido a que en esa región “aumentó el número de causas penales” relacionadas con el narcotráfico.

De seguir incrementándose las amenazas a jueces y magistrados del país, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) enfrentaría un problema presupuestal, toda vez que “no tenemos presupuesto y no lo teníamos contemplado”, señaló la consejera.

Entrevistado por separado, Sergio Valls Hernández, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó que los jueces que lo solicitan son protegidos, pero aclaró que “no se puede sacar dinero de donde no hay”.

La protección consiste en vehículos blindados, con un costo de más de un millón de pesos, así como una escolta, por lo que, de acuerdo con estimaciones del CJF, órgano que vigila y administra a juzgados y tribunales del país, se invierten más de 30 millones de pesos.

En febrero de este año, el Consejo reveló que tenía a 25 jueces y magistrados amenazados por el narcotráfico, ubicados en Baja California, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, Coahuila y Chihuahua.

Por lo que, de acuerdo con las declaraciones de la consejera, en los últimos siete meses se registraron por lo menos cinco casos más de amenazas del narco en contra de jueces y magistrados.

Valls Hernández y Díaz de León participan en una reunión en esta ciudad, en un ejercicio inédito en el Poder Judicial, con el objetivo de analizar la reciente reforma que transformará en los próximos ocho años casi toda la esencia penal del país.

Toga blindada

En octubre de 2007 el Consejo de la Judicatura reveló que las amenazas del crimen en contra de jueces y magistrados ha alcanzado a los familiares de éstos:

En febrero de este año reveló que tenía a 25 jueces y magistrados amenazados por el narcotráfico, ubicados en Baja California, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, Coahuila y Chihuahua.

Por ello, el Consejo se vio en la necesidad de dotar de vehículos blindados y de una escolta a algunos impartidores de justicia.

Además de implementar nuevos mecanismos, como el de la rotación de los juzgadores que se encuentran en los penales de máxima seguridad del país.

Actualmente hay más de 30 jueces y magistrados con protección especial, por lo menos cinco más de los que había en febrero de este año.