La desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez ha generado que la comandancia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) haya incrementado su actividad política.

Este grupo armado, que surgió el 3 de junio de 1994 en el estado de Guerrero, ha intensificado la difusión de su ideología a través de cartas dirigidas a la opinión pública y el gobierno federal; tan sólo en los últimos 30 días han emitido seis de los once comunicados que ha lanzado en lo que va del año.

La exigencia para que sean presentados con vida sus dos compañeros desaparecidos, el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, sólo se compara a los reclamos generados por la matanza de Aguas Blancas; en 1996 emitieron 56 comunicados sobre este hecho.

El grupo armado que opera principalmente en Guerrero, asegura que Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron retenidos de manera ilegal por su participación en la lucha social de esta organización en la que se concentraron los integrantes del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP).

Así lo han manifestado en 47 comunicados emitidos tras lo que ellos consideran “una desaparición forzada de dos luchadores sociales”; en próximos días se cumplirá un año de este hecho y esperan una respuesta para un diálogo que solucione el conflicto.

Este lunes, el EPR envió sus dos últimas misivas a la opinión pública en las que delimita el trabajo de la comisión intermediadora propuesta para iniciar un diálogo con el gobierno federal y que estaría integrada por: el arzobispo emérito Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el abogado Miguel Ángel Granados Chapa, el antropólogo Gilberto López y Rivas, la senadora Rosario Ibarra y miembros del Frente Nacional contra la Represión (FNCR).

En el último comunicado, el EPR asegura que: “lo que solicitamos es a un grupo de personalidades de la intelectualidad, cultura, ciencia, política y defensa de los derechos humanos, que intercedan en las acciones legales, sociales y políticas antes las distintas instancias gubernamentales para la presentación con vida de nuestros compañeros y nada más”.

Las comunicaciones también exponen diversas “aclaraciones” sobre algunas versiones periodísticas difundidas en diarios de circulación nacional, donde se asegura que el grupo está fracturado y que tiene contacto con personal de inteligencia del gobierno federal.

“Rechazamos categóricamente haber tenido o tener un contacto con institución alguna del gobierno federal, mucho menos negociar o pactar con el aparato represivo de inteligencia.

“Eso lo hemos establecido claramente en los comunicados de nuestra comandancia general del 24 y 28 de abril, seguir insistiendo sobre ese tema es doloso y termina siendo calumnioso.

“Falso y calumnioso es también de que un grupo radical disidente de la guerrilla, sea quienes tienen secuestrados a nuestros compañeros, ésta es la vieja coartada del aparato de inteligencia para justificar los crímenes de lesa humanidad contra los luchadores sociales, (…) los únicos interesados en presentar esta afirmación han sido las autoridades federales en voz de los militares y los generales de la marina que desempeñan funciones de inteligencia”, señala el último comunicado.