GUADALAJARA.- Aunque cinco horas después del vencimiento del plazo, el gobierno estatal rechazó las medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que suspenda el donativo anunciado para la construcción de un templo católico.

Las autoridades alegan que el organismo “no es competente tratándose de asuntos electorales, laborales y juridisccionales”, luego de que ordenó al gobernador Emilio González Márquez suspender la entrega de 60 millones de pesos más para la construcción del Santuario de los Mártires, en tanto se determina la legalidad del donativo, que en total será de 90 millones de pesos.

“No se acepta la medida cautelar solicitada, ya que de hacerlo, desvirtuaría la naturaleza jurídica de esta Comisión, equiparándose a una medida de carácter jurisdiccional”, sentencia el oficio firmado por el gobernador Emilio González y el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán.

El gobernador justifica su negativa a aceptar la medida cautelar en el artículo 102, fracción B, de la Constitución federal y en el artículo diez, fracción tres, del capítulo cuatro, de la Constitución local.

El fin de semana se duplicaron las quejas ciudadanas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos en contra de la megalimosna que destinó el gobierno estatal para construir el templo católico.

“No tiene precedentes a nivel nacional”, reconoció el ombudsman, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián.

El 24 de marzo, González otorgó a la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos AC, un cheque inicial por 30 millones de pesos para la construcción del templo.

El ombudsman jalisciense, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, negó que la Comisión se haya excedido en sus funciones y apuntó que ya preparan una respuesta que aclare al Ejecutivo lo que se le está requiriendo respecto a la medida cautelar

“Se trata de un acto puramente administrativo, en donde una autoridad administrativa, una autoridad que es el Ejecutivo del estado, decidió hacer un donativo.

“Siempre que nos hemos pronunciado, a través de una recomendación, en ningún caso nos hemos excedido, siempre lo hemos hecho en respeto a nuestra competencia y a nuestras atribuciones marcadas en la Ley de la Comisión y en la propia Constitución”, señaló.

Además, adelantó que en su respuesta se incluirán los argumentos del por qué el organismo no se ha excedido en sus funciones y se le darán otras 24 horas para contestar sobre las medidas cautelares, que tienen como fin evitar una posible violación al derecho humano.

“Será motivo de un nuevo documento de nuestra parte para aclarar y fundamentar por qué es competencia de la Comisión.

“El que las acepte o no (medidas cautelares) no es responsabilidad de la Comisión, es responsabilidad del Ejecutivo, y él es quien tendrá a final de cuentas, si esto implica una violación y queda acreditado, asumir sus consecuencias”, apuntó.

Álvarez insistió en que el caso no se ha prejuzgado porque se está dando tiempo para recibir todas las quejas ciudadanas, que por cierto siguen arribando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Al cierre de edición había por lo menos tres mil quejas en contra de la megalimosna del mandatario a la fundación encabezada por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez.