En el gobierno federal trabajan alrededor de 40 mil servidores públicos que no han terminado la primaria, la secundaria o el bachillerato. Las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Educación Pública (SEP) firmaron ayer un convenio, al que llamaron “El buen juez por su casa empieza”, que busca generar oportunidades para que los funcionarios terminen sus estudios.

El acuerdo, que tendrá vigencia lo que resta del sexenio, incluye el compromiso de la Función Pública de recabar información de todas las dependencias federales para localizar a quienes dejaron inconclusa alguna etapa de sus estudios.

La Secretaría de Educación será la encargada de proveer los mecanismos para facilitar y fomentar el retorno a los estudios; además, coordinará un sistema de educación que permita a los funcionarios combinar la conclusión de sus estudios con sus labores diarias. Su titular, Josefina Vázquez Mota, solicitó a los funcionarios que tienen personal a su cargo que sean un aliciente, y no un obstáculo, para quienes desean seguir preparándose.

“Si por ahí tenemos un jefe de esos que suele haber, que se siente muy satisfecho de tener a todo su personal hasta que resulte casi imposible mantenerse ahí, yo les pido a esos jefes, a esas jefas, que el camino de la educación les dará colaboradores igualmente trabajadores, pero con más conocimiento, con más disposición, con mayor productividad”, aseguró la funcionaria.

Vázquez Mota pidió un trato especial para las mujeres, que dijo, históricamente han tenido menores oportunidades educativas que los hombres y que son también las que menos escolaridad tienen en el sector público. Invertir en las mujeres, dijo, es la opción más productiva, porque su preparación repercute en todo su entorno: está comprobado que a mayor escolaridad de la madre sus hijos son más sanos y estudian más años.

El Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) será la dependencia encargada de brindar los servicios educativos y acreditar los conocimientos de quienes adeuden estudios de primaria y secundaria. La preparatoria estará a cargo del Colegio de Bachilleres.

El programa comenzó a operar el mes pasado con una primera jornada de acreditación en dependencias del gobierno federal, que permitió detectar a funcionarios que no tendrán que tomar clases, pues ya tienen los conocimientos necesarios para acreditar algún nivel; otros deberán invertir dos horas diarias, dos días a la semana durante seis meses o un año. También se abrirán cursos de educación a distancia para que los servidores públicos puedan estudiar desde su oficina, a través de internet.

Durante la ceremonia se comenzó con la entrega de mil certificados de primaria, secundaria y bachillerato a burócratas. Vázquez Mota prometió que buscarán ampliar el programa para que incluya también estudios superiores, diplomados, especialidades y maestrías.

También propuso al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, elaborar otro convenio para empezar en enero a dotar de bibliotecas o salas de lectura a todos los edificios públicos. La funcionaria federal recordó los datos de la Encuesta de Padres de Familia presentada en octubre, que indicaban que 39% de los padres de alumnos de escuelas públicas no había leído ningún libro en un año.

“Es muy difícil, si nosotros no leemos como mamás y como papás, que los niños quieran leer también, que los niños quieran ser acompañados en su vida por los libros y tal vez pocas cosas en la vida hay tan emocionantes y tan alentadoras como la buena compañía de un libro”, señaló.

A escala nacional, 30 millones de personas padecen algún grado de rezago educativo y la etapade mayor riesgo para el abandono de los estudios es la adolescencia, cuando se cursa la secundaria.