Ausencias, inconformidad, desorganización, abandono de sesión y reclamos ante la falta de respuestas concretas generaron ya una crisis en el nuevo formato para la comparecencia de funcionarios públicos en ambas cámaras del Congreso de la Unión, al grado de que se trabaja ya en el replanteamiento de dichos encuentros.

En el Senado de la República, el formato de las comparecencias evidenció fallas que provocaron la molestia de los legisladores de todos los partidos, por lo que ayer la Junta de Coordinación Política debió emitir un nuevo formato para incluir una fase de participaciones abiertas.

Asimismo, en la Cámara de Diputados, ante el fracaso del nuevo procedimiento para la pasarela de secretarios, los coordinadores parlamentarios propondrán a sus respectivas bancadas nuevos planteamientos para la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En Xicoténcatl, desde el primer día fueron evidentes las deficiencias del formato, amén de que las comisiones no lograron uniformidad, aun cuando estaban basadas en el formato aprobado por la Junta.

El lunes los senadores del PRI se salieron de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública y del procurador, porque consideraron que el formato impedía el intercambio dinámico de ideas y la réplica. El martes, durante la comparecencia de los secretarios de Economía y Agricultura, los legisladores consumieron una hora para ponerse de acuerdo sobre el formato, que fue impugnado por perredistas, priistas y un panista.

Pero otra deficiencia mostrada fue la ausencia de los senadores. Las comparecencias fueron ante comisiones unidas, en algunos casos, como el del Conacyt anoche, ante nueve comisiones; sin embargo, sólo en el caso de Economía y de Salud el número de legisladores rebasó los 10; en el resto las sesiones arrancaron sin quórum.

Tampoco fue homogénea la protesta de los funcionarios de decir la verdad. Sólo los titulares de la SSP y de la PGR rindieron la protesta; al resto únicamente se les notificó que no debían mentir.

En tanto, en San Lázaro, Javier González Garza, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que “nadie está contento con el formato, es un asunto preocupante en donde, desde mi parecer, no se contestaban las preguntas, eran evasivos; no hay comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo; lo discutiremos mañana (hoy) en las plenarias para ver el formato; como no tenemos ley, vamos a tratar de participar a través de un acuerdo parlamentario”.

El coordinador de la diputación panista, Héctor Larios Córdova, consideró que se deben suspender las comparecencias de funcionarios ante el pleno, y mejor citar a los servidores públicos en comisiones, para que exista “más diálogo y menos circo.

“Las comparecencias en el pleno no sirven absolutamente para nada y hay que suspenderlas; el diálogo es más intenso con el Ejecutivo en las reuniones en comisiones”, manifestó.

Por su parte, el líder de la fracción parlamentaria priista, milio Gamboa Patrón, aseguró que “quisimos innovar (en el procedimiento), pero no funcionó, y vamos a ver qué nuevo formato le vamos a dar a las siguientes comparecencias”.

En ese sentido, adelantó que “tenemos una propuesta de réplica; que todos los diputados que pregunten, si no están de acuerdo con las respuestas, tengan réplica”, para que los funcionarios aclaren sus respuestas.

El 19 de junio, el Senado aprobó de manera unánime un nuevo formato de Informe presidencial. Se avaló que los Presidentes de la República ya no tengan la obligación de asistir al Congreso para presentar su Informe; la imposición de sanciones a los funcionarios públicos que mientan cuando comparezcan ante el Congreso, y la inclusión de la pregunta parlamentaria al titular del Ejecutivo federal.

Este cambio constitucional obliga a reformas en las leyes secundarias, es decir en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y en los reglamentos de cada Cámara. Sin embargo, ante la falta de tiempo y de condiciones para realizar un periodo extraordinario en el que se llevaran a cabo estas modificaciones, el 28 de agosto los plenos del Senado y de la Cámara de Diputados aprobaron el acuerdo para, entre otras cosas, “establecer los criterios generales para que cada una de las cámaras realice el análisis de dicho informe y, en su caso, puedan citar a comparecer a los servidores públicos que deban comparecer para rendir informes bajo protesta de decir verdad (...)”.

El acuerdo establece que será el pleno de cada Cámara el que apruebe, a propuesta de su Junta de Coordinación Política, el formato para el desarrollo de las comparecencias.

Sin embargo, y al tratarse sólo de criterios generales, las desavenencias y desacuerdos entre los coordinadores parlamentarios surgen al momento de precisar los detalles.

Es por ello que González Garza, presidente de la Junta de Coordinación en San Lázaro, admite que “necesitamos el cambio de la ley para revisar cómo se realizan las comparecencias y los informes a la Cámara; de eso no se tocó nada (en el cambio constitucional) y se requiere discutir en las comisiones para presentar una reforma legislativa”.

>En medio de la crisis del formato de comparecencia del Informe de Gobierno, que incluyó inconformidad en todos los legisladores, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República definió que hará 50 preguntas parlamentarias al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a más tardar el 6 de octubre.

El acuerdo es que del total de 50 preguntas, 30 se distribuyeron por igual entre las seis fuerzas políticas, lo cual implica cinco preguntas para cada una; las 20 restantes se distribuyeron de acuerdo con el tamaño de la bancada, lo cual dio al Partido Acción Nacional ocho, al Revolucionario Institucional, cinco, al de la Revolución Democrática cuatro y a los tres restantes una por cada uno.

Así, la mayoría de las preguntas corresponderá al PAN, grupo que tendrá derecho a plantear 13 interrogantes; el PRI tendrá 10, el PRD nueve y el Verde, PT y Convergencia seis cada uno.

Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta, adelantó que hasta el momento no se ha presentado una protesta formal de los senadores contra algún funcionario que haya mentido, pero sí han dejado en claro que el titular de la Secretaría de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, es quien tiene la peor evaluación.

Beltrones adelantó que el Senado introducirá en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos la inhabilitación de los secretarios de Estado que hayan mentido al Congreso, durante las comparecencias, para aplicarla en la glosa del Tercer Informe de Gobierno, ya que en éste no fue posible.

Sobre las preguntas parlamentarias, en el PAN los 52 senadores deberán ponerse de acuerdo para formular las 13 interrogantes que les corresponden; lo mismo ocurrirá con los ahora 32 senadores del PRI y 23 del PRD.

Pero a los integrantes de las bancadas de los llamados partidos pequeños le será más sencillo. Cada uno de los integrantes de la fracción del Partido Verde Ecologista de México, encabezados por Francisco Agundis, formularán una pregunta al Presidente, porque son seis integrantes, mismo número de preguntas a las que tienen derecho.

En el caso de Convergencia y PT hasta les sobrará una pregunta, porque cada uno está integrado por cinco legisladores y tienen derecho, cada partido, a seis preguntas.

En tanto, en la Cámara de Diputados, en conferencia previa a la reunión de la Junta de Coordinación, el líder de los diputados del PAN, Héctor Larios, aseguró que la pregunta parlamentaria al Presidente de la República se hará hasta que terminen las comparecencias. “Después la glosa, cuando terminen, a través de los grupos parlamentarios se elaborarán las preguntas parlamentarias”, explicó.