Gobernadores de PAN, PRI y PRD coincidieron ayer en la urgencia de reformar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y advirtieron que todos los estados del país, petroleros o no, tienen derecho a los beneficios de los excedentes petroleros, pero con reglas transparentes, a fin de terminar con la discrecionalidad en su distribución.

Priistas y perredistas incluso exigieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclarar qué sucedió con el monto de excedentes petroleros obtenidos en el primer cuatrimestre del año, pues resulta poco creíble que los ingresos millonarios se hayan esfumado.

Demandaron la pronta separación de Pemex y la Secretaría de Hacienda, pues mientras el gobierno federal no suelte a la empresa paraestatal no podrá mejorar su trabajo.

Fidel Herrera, Leonel Godoy, Eugenio Hernández, Marco Antonio Adame y Juan Manuel Oliva, empero, no hicieron eco a la invitación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para que en sus entidades convoquen a una consulta popular, a fin de que el pueblo mexicano decida el futuro de Pemex, como lo harán los ciudadanos del DF el próximo 27 de julio.

De hecho, el perredista Leonel Godoy anunció que participará en esta consulta en la capital del país, pero no dejó en claro si realizará o no la consulta en Michoacán.

“Como lo expuso Marcelo Ebrard, que se hará una consulta pública en el Distrito Federal, si nos invita, con mucho gusto acudiremos, porque es importante acudir, como hoy lo hicimos al Senado, a todos los debates que se den, porque dialogar, debatir, proponer debe ser el objetivo”, comentó Godoy.

Momentos después, añadió que “la Constitución permite al Ejecutivo federal convocar a una consulta, pero no ha habido un Presidente que lo haga; por eso el que el Gobierno del DF convoque a un referéndum, o si lo hiciéramos, en nuestro caso en Michoacán, es absolutamente constitucional, de acuerdo con las facultades que consagra el artículo 124 a las entidades federativas”.

Los panistas insistieron en que esta consulta no es constitucional. Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, le reprochó a Ebrard que acudiera a este foro, organizado por el Senado de la República para debatir el futuro de Pemex, a decir que es inconstitucional la propuesta presidencial, y falta a la Carta Magna al convocar a una consulta.

Igual que Marco Antonio Adame, de Morelos, Oliva consideró que la consulta que quiere el PRD es una práctica dilatoria.

El jefe de Gobierno le recordó que la Constitución permite las consultas y que los gobiernos democráticos a nivel mundial las realizan cuando se trata de asumir una decisión fundamental para toda la sociedad, como es el caso de Pemex en México.

“¿Qué les preocupa? Si sus argumentos son tan sólidos, ¿qué les apura?; que se presenten los argumentos, que los ciudadanos participen, salvo que le tengan temor a que los ciudadanos decidan cuál debe ser el futuro de la industria principal del país”, respondió Ebrard.

Los priistas Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, prefirieron no hacer referencia al tema.

El debate petrolero sostenido ayer entre los mandatarios estatales y el jefe de Gobierno, denominado Importancia del Sector Energético en el Desarrollo Nacional, tuvo varios puntos de coincidencia, más allá del consenso inmediato expresado de entrada por todos sobre la necesidad de reformar a Pemex para acabar con la “política depredadora” a la empresa.

Expresaron coincidencias en la necesidad de ir a una verdadera reforma energética, y aclarar que no habrá una reforma inconstitucional.

También que Pemex tenga un nuevo régimen fiscal, que le permita hacer más uso de sus recursos; para lo cual se requiere una verdadera reforma fiscal.

Una más es la urgencia de depender menos de la importación de gasolinas, para lo cual es preciso que la política petrolera incluya la refinación y no se quede sólo en la producción y exportación de crudo.

Pero la más abordada fue la referente a la distribución de los ingresos y excedentes petroleros a todos los estados, aunque los priistas, quienes son los únicos que encabezan las entidades productoras de petróleo, insistieron en que deben contar con más recursos, porque sufren las consecuencias negativas de una empresa tan positiva, como es el deterioro ambiental.

Consideraron, con algunas variaciones, que es preciso avanzar hacia un federalismo petrolero, con reglas claras de distribución, para evitar la discrecionalidad de Hacienda, y con candados de transparencia para garantizar que los excedentes vayan exclusivamente a obras y servicios, y no se usen en gasto corriente.

Eugenio Hernández recordó que ya existe una exigencia de que estos recursos no vayan a gasto corriente, pero admitió que es preciso contar con mayores controles; ante la insistencia de Marco Antonio Adame de que la distribución de recursos sea equitativa entre todos los estados, el gobernador de Tamaulipas lo invitó a la “caza” en su estado para que compruebe el deterioro ambiental de la entidad y entienda por qué los estados productores requieren de una partida especial para atender estos problemas.