No hay ningún indicio de violaciones a la ley en el asunto Juan Camilo Mouriño y los contratos que la empresa de su familia obtuvo de Petróleos Mexicanos cuando era legislador o funcionario de la Secretaría de Energía, aseguró Salvador Vega Casillas, titular de la Función Pública ante diputados que investigan al secretario de Gobernación.

Ante cuestionamientos de los legisladores, el funcionario les pidió revisar una carpeta informativa que les hizo llegar sobre el caso, en el que, según él, se establece la relación entre Canacar y Pemex-Refinación, y que especifica que se suscribió un acuerdo para asignar los contratos por la vía de la adjudicación directa.

En la reunión del funcionario con la Comisión de Investigación para Conocer la Legalidad de los Contratos de Pemex Refinación de 1997 a la fecha, Vega Casillas agregó que las indagatorias aún no concluyen, por lo que el reporte final se dará una vez terminadas las auditorías correspondientes.

El presidente del órgano legislativo, Antonio Xavier López Adame del Partido Verde, manifestó que es del dominio público que el secretario de Gobernación firmó como apoderado legal de la empresa Ivancar, cuando era funcionario público, cinco convenios con Pemex-Refinación para el transporte de combustible.

“Juan Camilo Mouriño, bajo protesta de decir verdad, afirmó que al signar los convenios no se encontraba bajo ningún supuesto del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones.”

Por ello, López Adame pidió que debe quedar muy claro si existe o no alguna responsabilidad, o si hubo omisión por parte de Pemex al no verificar si Camilo Mouriño, al tiempo de ser representante legal de Ivancar, también era funcionario público.

“Queremos saber si el funcionario ha sido omiso al haber solicitado la autorización de la Contraloría para firmar como apoderado legal de Ivancar”, puntualizó.

Explicó que el órgano contralor del gobierno federal, desde cuando se identificaba como Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hoy Secretaría de la Función Pública, ha sido omiso y demasiado permisivo en torno a la legalidad de convenios con transportistas.

En respuesta, el titular de la Función Pública refirió que no se han agotado las investigaciones y que sería irresponsable adelantar conclusiones, cuando aún no se tienen.

“Estamos trabajando en ello y el proceso nos lleva algún tiempo para dar respuesta. Tenemos que esperar el análisis y la confronta de documentos”, aseveró.