Senadores, diputados y dirigentes nacionales del PRI acordaron rechazar las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional propuestas por el presidente Felipe Calderón, por considerar que tiene riesgos de privatización de Petróleos Mexicanos; además, hacer cambios a las cinco iniciativas restantes, entre ellas el régimen fiscal de la petrolera.

Los priistas analizan y cambian la propuesta presidencial con base en cuatro líneas: órganos de gobierno, régimen fiscal, empresas nacionales para refinación, ductos y almacenamiento, así como los contratos que habrán de regir a la petrolera, tema que está a cargo del diputado federal Raúl Cervantes, también abogado del tricolor.

Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, confirmó este fin de semana lo adelantado por su compañero Carlos Lozano, que el PRI esperará hasta la culminación del foro petrolero en el Senado para hacer pública su propuesta de reforma.

En tanto, aun cuando ya están convencidos que no habrá periodo extraordinario petrolero, desde el PAN se tomó la determinación de hacer valer las firmas de Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del PRI, y de Carlos Navarrete, líder de la bancada del PRD en Xicoténcatl, quienes se comprometieron a dictaminar la reforma petrolera al concluir los foros en el Senado de la República.

A su vez, la Comisión de Energía de esa instancia legislativa decidió que el 24 de julio, dos días después de concluir los debates y tres antes de la consulta popular, diseñará el calendario de dictaminación de las cinco iniciativas presidenciales enviadas al Senado una más fue entregada a la Cámara de Diputados, que incluirá las propuestas de todos los participantes en el debate.

Francisco Labastida adelantó que la propuesta priista, la cual todavía está en discusión entre legisladores, dirigentes y gobernadores, plantea mayor autonomía de gestión para la paraestatal, menor intromisión de la Secretaría de Hacienda y que la Comisión del Petróleo sea un órgano independiente y descentralizado.

También informó que luego de tres meses de análisis, los priistas concluyeron que sus senadores y diputados federales no respaldarán los cambios propuestos por el Presidente de la República en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional.

Destacó que la oposición priista a esta parte de la reforma se centra en que no consideran correcto que el sector privado pueda construir refinerías en territorio nacional para que le maquilen gasolina a Pemex, con el argumento de que ya se hace fuera del país, sólo que la ventaja sería que en México se generarían empleos.

Tampoco observan correcto que los particulares puedan administrar el sistema de ductos, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, aunque ello no cancela que puedan ser contratados para su construcción.

Los priistas, dijo, construyen una iniciativa que ofrezca mecanismos alternos sustitutos, que le den más agilidad a la paraestatal en su funcionamiento, pero siempre con el carácter público de las inversiones hechas en toda la cadena de producción de los hidrocarburos.

De acuerdo con la información proporcionada por legisladores priistas, el tricolor también acordó ir por una reforma energética, pero el primer paso que se dará en este año se refiere exclusivamente al petróleo, y también llegaron al consenso de que se trata de una reforma urgente, que no puede esperar más tiempo.

Hasta ahora, el análisis del paquete de reformas que presentará el PRI se recarga tanto en senadores como en diputados federales; el tema de órganos de gobierno y empresas nacionales para refinación, transporte y almacenamiento están bajo la batuta del Francisco Labastida.

El diputado Jesús Ramírez Estabros es el encargado de todo lo referente al régimen fiscal, y Raúl Cervantes del diseño de los contratos.

Desde la trinchera del PAN, senadores y diputados federales saben que no habrá periodo extraordinario, porque el PRI lo acordó así, pero ello no les impedirá que públicamente exijan a los priistas cumplir con la firma que Manlio Fabio Beltrones plasmó en el acuerdo para levantar la toma de las tribunas del Congreso, a fin de que todos los legisladores trabajen en la dictaminación de las iniciativas.