Mineros disidentes exigieron que se ejecuten las órdenes de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia, Héctor Félix Estrella, José Angel Rocha Pérez y Juan Linares Montufar relacionadas con el desvío de 55 millones de dólares de un fideicomiso del sindicato de ese sector.

Fernando Fajardo Blanco y Jesús Vázquez Arroyo, representantes de los inconformes, aseguraron que el sindicato minero hace del derecho de huelga un instrumento de presión para que las autoridades laborales accedan a sus pretensiones.

Indicaron que después de dos años de que se interpusieron las denuncias y se liberaron las órdenes de captura "los inculpados se pasean impunemente".

Los líderes de esa organización que dijeron representar a mineros de Sonora, Chihuahua y San Luis Potosí, sostuvieron que Gómez Urrutia y sus colaboradores pretenden que se retiren las órdenes de aprehensión en su contra para negociar el levantamiento de las huelgas en Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero.

"Solicitamos también al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, que no se deje impresionar por el líder minero y lo denuncie ante las autoridades por los delitos de amenazas, chantaje y extorsión, para que esa conducta ilícita no quede impune", señalaron.

Los quejosos llamaron a los empresarios de la rama minero-metalúrgica a que no sólo hagan denuncias mediáticas, sino que procedan legalmente contra esas personas, que según ellos los han tratado de extorsionar pidiéndoles dinero para no efectuar paros en sus unidades productivas.

jrr