La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) denunció ayer irregularidades en la licitación por la que se seleccionó a la empresa que ofrecía servicios de mantenimiento y pilotos al avión de la Secretaría de Gobernación que se desplomó el pasado 4 de noviembre, así como en la empresa que contrataba y en la forma como funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil expidieron sin rigor licencias y certificaron a los pilotos para operar el Learjet 45.

Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que entre las principales irregularidades está que uno de los pilotos fue incorporado al sistema de licencias sin tener la certificación obligatoria y necesaria.

El titular de la SCT ofreció ayer una conferencia de prensa en la que informó que esta dependencia presentó ya una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública.

“En los días más recientes, al analizarse con más profundidad estos temas en el Grupo de Factores Humanos del Comité de Coordinación de la Investigación, se han encontrado indicios de irregularidades que podrían constituir responsabilidades por parte de la empresa contratada, así como del Centro de Capacitación Aeronáutica vinculado con los trámites de licencias.

“Derivado de ello, pudieran también constituirse responsabilidades de servidores públicos de la Comandancia del Aeropuerto de Toluca, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil”, explicó.

Téllez Kuenzler fue cuestionado acerca de la participación de Gilberto López Meyer en las investigaciones, toda que vez que hasta hace un par de meses era el director general de Aeronáutica Civil de la dependencia federal.

El funcionario respondió que por esa misma razón se presentó la denuncia ante la Función Pública y se entregó la documentación disponible a esta misma dependencia federal para que, en adelante, sea la encargada de las investigaciones correspondientes.

Téllez explicó que los pilotos aviadores requieren tanto de licencia vigente para volar como una certificación de sus capacidades para operar series específicas de aeronaves y que esos requisitos se obtienen mediante centros de capacitación particulares, pero supervisados por una autoridad.

Sin embargo, la transcripción de las grabaciones de las conversaciones en cabina entre el piloto y el copiloto de la nave colisionada mostraron un claro desconocimiento de los instrumentos del avión.

Empero, Téllez precisó que “el análisis detallado de estos procesos revela que, en uno de los casos, la revalidación de la licencia se obtuvo mediante procedimientos presuntamente irregulares, realizados por un centro de capacitación aeronáutico en el Aeropuerto de Toluca y que podrían haber sido avalados por algún servidor público adscrito a la Comandancia que en ese momento se encontraba a cargo del mismo Aeropuerto”.

Tales irregularidades se observaron entre octubre de 2007 y marzo de 2008 y consisten en “simulación de cumplimiento de horas de vuelo, carencia de autorización de un instructor calificado y omisiones de supervisión, entre otros.

“Además de otros elementos probatorios, el centro de capacitación que certificó la experiencia de dicho piloto, reconoció en una carta del pasado 18 de noviembre que, en efecto, se presentaron conductas fuera de la norma”, aseguró.

Por lo anterior, el titular de la SCT informó que “por lo pronto, hemos iniciado un proceso de revocación de la licencia de operación del centro de capacitación aeronáutico al que nos hemos referido”.

Téllez destacó que los nombres de las escuelas y funcionarios involucrados no se pueden revelar debido al proceso de investigación.

De esta forma, el titular de Comunicaciones y Transportes informó que “como parte de la investigación de la caída del avión en la que perdieron la vida el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y otras personas, hoy presentamos ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia y los documentos en que se funda, por haber detectado elementos que pueden configurar responsabilidades de servidores públicos, al avalar posibles conductas irregulares de terceros”.

Luis Téllez agregó que conforme al artículo 81 de la Ley de Aviación Civil, “corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la investigación de los accidentes e incidentes sufridos por aeronaves civiles. Concluida la investigación, que se llevará a cabo con audiencia de los interesados, determinará la causa probable de los mismos y, en su caso, impondrá sanciones”.

Las autoridades presentes en la conferencia fueron cuestionadas respecto de algunas versiones de que, según la transcripción de las conversaciones de la caja negra, hubo alguien más en la cabina. Sin embargo, Téllez Kuenzler desmintió tal hipótesis y la explicó.

En cuanto a los pilotos de la secretaría, el servidor público dijo que son empleados, funcionarios de esta dependencia, y que son capacitados por la misma.

Téllez informó que la SCT ya trabaja con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de la Función Pública, la Fuerza Aérea Mexicana y el Estado Mayor Presidencial para establecer procedimientos para los vuelos de funcionarios públicos; así como para la revisión de las licencias y las certificaciones de todos los pilotos que tripulan naves de servidores públicos.