El Senado se alista ya para avanzar en la construcción de la Ley Antisecuestros, con una constante en las 14 iniciativas que se fusionarán para darle forma: poner un freno a los negociadores profesionales de secuestros que operan sin control en el territorio nacional y que de acuerdo con información oficial son corresponsables de los fracasos en la recuperación de las víctimas.

Ayer, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, anunció mediante un comunicado que el secuestro será el próximo tema a desarrollarse en Xicoténcatl, mientras que el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, explicó que está en espera de la propuesta del PRI —adelantada por Excélsior desde el 14 de octubre— y de la iniciativa que enviará el Ejecutivo federal, para que entonces arranque el proceso de análisis.

Tomás Torres Mercado, secretario de la Comisión de Justicia y uno de los autores de las iniciativas a procesar, recordó que este proceso incluirá la discusión con los expertos académicos y con las autoridades federales, estatales y municipales.

González Alcocer recordó que la Comisión de Justicia convocará a sesión para analizar el arranque de la discusión en materia de secuestro, luego de que en esta semana concluya el proceso de sucesión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Con base en las 13 iniciativas ya presentadas y el adelanto de la que anunciará el PRI ante el pleno, existen varias constantes que seguramente quedarán en la Ley Antisecuestros, como son el castigo con cárcel y multa a los llamados negociadores profesionales que supuestamente ayudan a las familias de los secuestrados, pero no siempre triunfan en sus intervenciones. La mayoría de las veces, dicen los senadores, sus errores cuestan vidas.

Otra constante es que el secuestro debe tener penas de hasta 70 años, pero los años en la cárcel aumentarán en función de la gravedad con la cual actúan; está descartada por completo tanto la cadena perpetua como la pena de muerte, pues sólo el Partido Verde tiene prevista esa modalidad en una reforma constitucional.

Una tercera constante de los 14 documentos, de los cuales Excélsior posee copia, es que deberá existir un cuerpo policiaco especializado en negociación de secuestros y en operaciones de rescate, con el propósito de reducir al máximo los márgenes de error en los operativos de rescate.

La tercera coincidencia de las iniciativas es que deberá existir la figura de la reparación de daño, para que los secuestradores y sus familiares regresen a las víctimas el dinero que pagaron por el rescate del secuestrado, pero además el costo de las terapias y atenciones médicas que requieran.

La cuarta constante en la mayoría de las iniciativas está la creación de un fondo económico para las víctimas, así como cancelar el derecho de libertad bajo fianza o liberación anticipada porque se consideran delincuentes de alta peligrosidad.