>OAXACA. Lizbeth Caña Cadeza, ex procuradora General de Justicia del Estado (PGJE), acusó a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de República (PGR) de involucrarla en la desaparición de dos militantes reclamados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y en hechos delictuosos del crimen organizado.

Se asumió como una víctima de los “infundios” de Juan Camilo Mouriño y Eduardo Medina, titulares de ambas dependencias, por la necesidad del gobierno federal de ganar credibilidad en el caso de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo del año pasado en la capital de Oaxaca.

En conferencia de medios, la recién nombrada auditora Superior del Estado responsabilizó a Mouriño y Medina de “cualquier” atentado en su contra o su familia.

Caña Cadeza calificó a ambos funcionarios de “perversos” , porque “montaron” una cortina de humo con el propósito de distraer la atención frente a un posible diálogo entre el gobierno federal y el EPR.