El hecho de que el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos soliciten garantías de que los elementos del Ejército y de la policía mexicanos que participen en la Iniciativa Mérida no sean corruptos ni hayan participado en casos de violación a los derechos humanos “no es una certificación” del comportamiento de México, expresó ayer el embajador estadunidense Antonio Garza.

El diplomático señaló por medio de una carta que se trata de un asunto “rutinario” y explicó que el hecho de que el Poder Legislativo haga peticiones de información al Ejecutivo es “una parte normal de nuestro diálogo político” .

La aclaración de Garza aparece después de que varios políticos y analistas en México señalaron que esa serie de garantías equivaldrían a una “certificación” como la que emitía el vecino país en la década de los noventa, cuando publicaba una lista de los países que, desde la perspectiva de la Unión Americana, sí estaban combatiendo correctamente al narcotráfico en su territorio.

Legisladores de los diferentes partidos políticos mexicanos manifestaron su inconformidad sobre el tema. La semana pasada Carlos Navarrete, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados afirmó que era preferible “mantener la dignidad del país” que aceptar condiciones ofensivas.

Por su parte Santiago Creel, presidente del Senado, aseveró que el Congreso rechazaría las condiciones sugeridas por los legisladores estadunidenses a la Iniciativa Mérida y que el gobierno de México “no puede negociar con base en condicionamientos”, en tanto que el problema del narcotráfico es de la dos partes y “si nosotros tenemos el tráfico, ellos tienen la demanda… necesitamos ponernos de acuerdo”.

El jueves pasado, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, destacó que el gobierno mexicano debe esperar a que concluya el proceso legislativo en Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida para conocer las condiciones que contendrá el programa, pues “son las que preocupan al gobierno mexicano y que tendrán que ser revisadas para que sean aceptables”.

El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, comentó ayer que “el apoyo —de Estados Unidos— debe ser desinteresado, solidario, corresponsable al problema, porque somos corresponsables, sin pretender certificar, condicionar, limitar, auditar al gobierno mexicano en áreas de seguridad”.

Mientras que el martes pasado el ex presidente Vicente Fox dijo en Washington DC: “Yo sí aceptaría condiciones de respeto a los derechos humanos, condiciones de transparencia y rendición de cuentas porque creo que es algo correcto... Pero, jamás deberíamos regresar a la certificación y, si esa es una de las condiciones, pues esa sería una razón suficiente para evitarlo...”, insistió.

El investigador del ITAM, Jesús Velasco Márquez, especialista en historia y proceso político de Estados Unidos, comentó en entrevista publicada por este diario, que las condicionantes de la Iniciativa Mérida podían convertirse en una “certificación”, pero que el gobierno mexicano estaba consciente de antemano de que el Congreso de Estados Unidos iba a imponer esas condiciones, las cuales en última instancia, beneficiarían a la ciudadanía mexicana.

En el comunicado dado a conocer ayer, el embajador Garza recordó que hace un par de semanas la Cámara de Representantes recomendó otorgar 400 millones de dólares a México para el combate al narcotráfico y 61.5 millones adicionales para Centroamérica, mientras que el Senado recomendó cantidades diferentes: 350 millones de dólares para México, y otros 100 millones para Centroamérica.

Destacó que tanto la versión del Senado como la de la Cámara de Representantes le exigen al gobierno de Estados Unidos que resuelva el problema de contrabando de armas de la Unión Americana hacia México.

Conforme al proceso legislativo estadunidense, aún falta que una delegación de senadores se reúna con una delegación de la Cámara de Representantes para acordar cuál será la cantidad final que se le otorgará a México para combatir al narcotráfico. Después de eso el pleno de ambas cámaras deberá aprobar la propuesta de ley final, la misma que deberá ser ratificada por el presidente George W. Bush.