PUEBLA, Pue.— Pobladores de Rafael Lara Grajales se enfrentaron a elementos de las policías estatal y municipal al intentar liberar a 34 indocumentados secuestrados. Los agentes mantenían a los ilegales retenidos en complicidad con los traficantes de personas, presuntamente zetas.

Mario Montero, secretario de Gobernación de Puebla, admitió que unos diez policías municipales apoyaron a los delincuentes para someter a los indocumentados.

Los ilegales fueron descubiertos la semana pasada por uniformados, quienes los encerraron en una casa de seguridad, hasta donde los supuestos integrantes del cártel del Golfo acudieron para exigir dinero en dólares a cada uno.

“Me secuestraron, me pedían tres mil dólares para llevarme a la frontera, mil 500 aquí y otros mil 500 cuando llegáramos al norte”, explicó Ale Gómez, un indocumentado hondureño.

El domingo corrió la versión entre los pobladores que habían sido violadas algunas mujeres procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Guatemala, lo que motivó el motín.

Los policías municipales detuvieron a los migrantes con el fin de trasladarlos a la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) y realizar la deportación.

Cuando llegó el autobús, un grupo de 50 elementos de la Policía Estatal, unas 150 personas trataron de liberar a los indocumentados, pues acusaron a los oficiales de la localidad de estar coludidos con los presuntos zetas.

En la batalla campal fue incendiada una patrulla de Policía Municipal, y apedreado el camión de pasajeros previsto para realizar el traslado, como también la Presidencia Municipal.

En tanto, cuatro hombres fueron arrestados por el delito de tráfico de personas, mientras que 21 indocumentados fueron detenidos y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para ser deportados a sus países, 13 se escaparon, mientras que los policías municipales acusados de ser cómplices de los traficantes de personas se dieron a la fuga, detalló el secretario de Gobernación de Puebla.

El funcionario estatal aseguró que los uniformados de la localidad estaban en contubernio con los cuatros sujetos autonombrados zetas; además comentó que en breve tendrá una reunión con el alcalde, Juan Abundio Torres Altamirano, para tener un informe completo de los hechos.

Mario Montero Serrano consideró necesario que los alcaldes conozcan a fondo los antecedentes de sus policías para evitar colusiones con delincuentes.

Unos 500 mil inmigrantes cruzan anualmente por territorio mexicano para tratar de llegar a Estados Unidos a trabajar, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).